Durante un desayuno con medios de comunicación organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, Juan Jaime López Cano, Presidente comisionado de capacitación e investigación de este organismo, externó la preocupación del sector inmobiliario mexicano de cara a la Nueva Ley de Extinción de Dominio, que contempla la posible venta anticipada de inmuebles en caso de ser incautados por la autoridad en el seguimiento a proceso de un ilícito.

“La idea y lo que nos preocupa es precisamente el hecho de la pérdida de un bien por un ordenamiento de carácter judicial y en donde no hay compensación alguna para el propietario”, comentó. Por otra parte, hizo un llamado a las autoridades a confiar en la buena fe de tenedores para “evitar la pérdida de un bien inmueble”

Respecto al papel de la AMPI , López Cano exhortó a los propietarios a asesorarse con profesionales antes de concluir un proceso de arrendamiento, en contexto de las especificidades marcadas por la Nueva Ley de Extinción de Dominio.

“Acudan a los profesionales inmobiliarios; tenemos cursos, formamos parte de las asociaciones a nivel mundial y nos dimos a la tarea de generar una capacitación permanente. Tenemos cobertura nacional y ello nos obliga a atender a los profesionales”, recalcó el funcionario de la AMPI. 

A pesar de las preocupaciones, los representantes del sector mostraron su interés de cooperar con la nueva administración e hicieron una reflexión sobre la importancia de las reformas a la ley para combatir al crimen organizado y a la corrupción. “Hay un reglamento de la ley, y estamos en espera de su aprobación para que se haga perfectible. El objetivo es el de combatir al crimen y a la corrupción”, puntualizó López Cano. 

Foto: Inmobiliare

La controversia por la Ley Nacional de Extinción de Dominio 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de agosto, la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio hace énfasis en una de las promesas primordiales del nuevo gobierno: la lucha contra la corrupción y el crimen organizado

Enfatiza que los bienes inmuebles confiscados por la autoridad durante una investigación judicial podrán ser vendidos antes de darse por concluido el proceso correspondiente. En caso de demostrarse la inocencia de las partes involucradas, el Estado procederá a una “compensación”. Quedan sujetos a esta ley los propietarios que arrienden inmuebles, sin que necesariamente tengan conocimiento de posibles actividades ilícitas que se lleven en ellos

Al respecto, la Confederación Patronal Obrera Mexicana, COPARMEX, emitió un comunicado en el que se “suma” al combate a la corrupción y la delincuencia del gobierno de AMLO, pero rechaza tajantemente las “violaciones a los derechos humanos” que podrían derivar de la “desposesión e incluso venta anticipada de bienes de propiedad de personas supuestamente involucradas en actos ilícitos”