El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen a la iniciativa que identifica como delito la corrupción inmobiliaria.
En diciembre de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México informó que tan solo en la alcaldía Benito Juárez se había presentado una defraudación de más de siete mil 142 millones de pesos, que comprende la construcción de 264 pisos excedentes en 130 inmuebles edificados de 2008 a 2022.
Debido a este fenómeno, en enero de 2024 Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, presentó la iniciativa de reforma al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria.
“El caso de la corrupción inmobiliaria, es un caso de corrupción, de ilicitud, es una situación de enriquecimiento ilícito, de enriquecimiento mal habido”, resaltó el titular del Ejecutivo Local.
Servidores públicos serán sancionados por corrupción inmobiliaria
La persona que permita la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales que no cumplan con los requisitos legales, tendrán una sanción establecida de 10 a 20 años de prisión.
Asimismo, el Congreso local informó que la pena se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie a la persona funcionaria, su cónyuge, descendientes o ascendientes, socios, o sociedades de las que el servidor público o las personas referidas formen parte.
El fundador del dictamen, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, indicó que se busca sancionar como un delito cuando funcionarios públicos permiten o toleren por acción u omisión la construcción de inmuebles sin los requisitos establecidos por la ley.
Por lo que se creó el capítulo XV y el artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo de prevenir y combatir la corrupción inmobiliaria, a propuesta de Martí Batres, jefe de Gobierno de la capital del país.