En su artículo cuarto, la Constitución Política de los Estados Unidos establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” asegurando que “la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Bajo esta lógica cada nueva administración federal llega con una Política Nacional de Vivienda. En las administraciones previas a la actual, la idea que de desarrollar un modelo de suburbio mexicano provocó, entre el año 2000 a 2012, la migración de cerca de 20 millones de personas a la periferia urbana.
Entre el año 2001 y 2012 se calcula fueron construidas alrededor de siete millones de viviendas gracias a la inversión de capital privado, gubernamental y organismos
internacionales, tan sólo el Banco Mundial –BM– y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– aportaron alrededor de dos mil 800 millones de dólares para este proyecto.

Imagen proporcionada por  Lamudi

Con enormes expectativas alrededor, el proyecto es quizás, uno de los grandes fracasos y lecciones para todos los involucrados. Entre proyectos inconclusos o llevados a mal término, tan sólo en Ensenada y Tijuana se calcula que 300 mil personas resultaron afectadas pues habitan en complejos inconclusos, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos –OCDE– ha estimado en medio millón las viviendas
abandonadas por una mala planeación y funcionamiento.
Dejando atrás el proyecto de complejos habitacionales a las afueras de las grandes ciudades, la administración actual -y saliente- planteó una Nueva Política Nacional de Vivienda enfocada en la vivienda vertical. Así, los departamentos son hoy la forma en que se construye vivienda en México.

Por Lamudi
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