El Gobierno Federal firmó el pasado 29 de septiembre un acuerdo de colaboración para el manejo de escombros generados por los sismos del 7 y 19 del mes pasado con los gobiernos locales de Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, con el objetivo de evitar impactos al medio ambiente y a la salud de la población.
El documento titulado “Criterios para el manejo de los residuos de construcción y demolición generados por el sismo del 19 de septiembre para los estados de México, Morelos, Puebla y Ciudad de México” señala que los escombros no podrán depositarse en barrancas, áreas naturales protegidas, humedales ni en zonas de inundación con el fin de evitar la obstrucción del flujo del agua y posibles deslaves o erosión.

Secretaria de Medio Ambiente de la CDMX, Tanya Müller García; Secretario de Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán; y Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, Enrique González Tiburcio.

Rafael Pacchiano Alamán, secretario de la Semarnat exhortó a los gobiernos estatales a aprovechar los residuos en la reconstrucción de banquetas y caminos para las zonas afectadas. Asimismo, comentó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sólo se encargará de supervisar los sitios de competencia federal como las Áreas Naturales Protegidas, para garantizar que los residuos no sean confinados a estos lugares.
La dependencia apoyará a los gobiernos estatales con la definición de los espacios de disposición y en las alternativas de reciclaje para los escombros. Cada uno de los estados dio a conocer el número de sitios destinados; Morelos cuenta con nueve ya autorizados, Puebla con 15 y el Estado de México con 30, de los cuales 21 serán utilizados también por la Ciudad de México, dichas áreas deben estar en un rango no mayor a 20 km del centro de la zona de desastre y ubicarse a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas.  
Las secretarías responsables a nivel federal son las de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); así como las de Medio Ambiente de cada uno de los estados afectados.
Por Mónica Herrera
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