La Ley Inmobiliaria de Tamaulipas tiene el objetivo de regularizar el sector en cuanto a la compra-venta de casas y terrenos en la entidad. Es decir, aquellos agentes inmiscuidos en el rubro inmobiliario deberán certificarse con el gobierno para que futuros (potenciales) clientes traten con personal autorizado. El gobierno tamaulipeco está ya en labor con las organizaciones para tener un registro de ellos.
Luis Patricia Villegas González, titular de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Tampico -AMPI-, indicó que sólo 18 entidades de las república cuentan con una legislación que permite regular al rubro inmobiliario. Mientras tanto, Ramiro Ramos Salinas, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, explicó que la nueva ley fue estudiada, analizada y dictaminada por los diputados de las Comisiones de Desarrollo Urbano y Puertos, Estudios Legislativos y Desarrollo Industrial y Comercial.
Asimismo, los bienes raíces es parte de la cotidianeidad de la entidad, la cual repertute en la economía, pero muchas veces no hay una vigilancia institucional de los procesos en la adquisición o renta de la vivienda, explicó Ramiro Ramos. Por tal motivo, dicha ley pretende tener un control más estricto de los mecanismos de esta actividad comercial.
Por otro lado, el diputado del estado, Juan Patiño Cruz, hizo énfasis en que se cubre con una petición ciudadana, ahora mismo tendrán certeza jurídica los tamaulipecos al momento de adquirir un bien inmueble. “Estos resultados que hoy se ven cristalizados en la garantía de esta actividad y en general para los ciudadanos de Tamaulipas,  es parte de un trabajo coordinado, para un servidor que presentó esta Iniciativa es un gusto se obtuviera el acuerdo y consenso de todos los legisladores”, culminó el diputado.
Finalmente, la ley fue aprobada unánimemente por 28 diputados de diversos estratos políticos del Congreso del Estado de Tamaulipas. Además, contará con una multa de 100 a mil días de salario mínimo en caso de que personas se identifiquen como agentes inmobiliarios sin estar certificados y registrados por parte del gobierno del Estado.