El Gobierno de la Ciudad de México publicó el decreto en el que se castiga el delito de corrupción inmobiliaria cometido por servidores públicos, con una pena de 10 a 20 años de prisión.
De acuerdo con lo publicado en el artículo 276 Quarter, dentro del Código Penal de la CDMX, se estableció lo siguiente:
“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley”.
Asimismo, el documento indica que la pena establecida se incrementará a la mitad, cuando las conductas previstas beneficien en especie o económicamente a:
- Su cónyuge
- Descendientes o ascendientes
- Parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado
- Concubina o concubinario
- Pareja permanente
- Adoptante o adoptado
- Cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa
- Socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte
Autoridades tendrán mejores herramientas para combatir corrupción inmobiliaria
Ulises Lara López, Coordinador General de Investigación Territorial del Gobierno de la CDMX, destacó que esta reforma al Código Penal será de utilidad para poner freno a la corrupción en la entrega de permisos de construcción.
“Aquí me gustaría comentar que, con este tipo penal, nuestras y nuestros ministerios públicos tendrán mayores y mejores herramientas para llevar a cabo su labor y así poder encuadrar este tipo de conductas en las carpetas de investigación”, comentó.
Además, resaltó que ahora se podrán redoblar esfuerzos para investigar estos delitos y presentar ante los jueces los resultados de las investigaciones para prevenir la creación de redes de fraude.