El Proyecto Vizcachitas, que impulsa Los Andes Copper Ltd. en la Región de Valparaíso, avanza no solo en ingeniería y estudios técnicos, sino en un frente decisivo para cualquier desarrollo minero de escala: la relación con las comunidades y la construcción de una licencia social que resista el tiempo y los ciclos políticos.
Durante 2025, la compañía reportó avances concretos en programas de emprendimiento, educación, recreación y diálogo sectorial, con foco en la Provincia de San Felipe y el Condado de Putaendo.
Emprendimiento local y formación para la minería
Uno de los hitos del año fue el lanzamiento del tercer programa de Emprendedoras, que recibió 350 solicitudes. Más allá de la cifra, el programa apunta a un punto clave: que parte del valor generado por la minería se capture en la economía local a través de negocios y servicios de proveedores de la zona, no solo en salarios y contratos externos.
En paralelo, la empresa renovó acuerdos con instituciones educativas para desarrollar habilidades relacionadas con la minería en escuelas y universidades locales. La lógica es clara: formar talento técnico y profesional en el territorio donde se desarrolla el proyecto, reduciendo brechas de empleabilidad y reforzando el vínculo entre la operación y la comunidad.
Para el entorno urbano-regional, esto se traduce en mayor presión y, al mismo tiempo, mayor justificación para invertir en infraestructura educativa, transporte, vivienda y servicios.
Acuerdos comunitarios y proyectos ambientales en propiedades subutilizadas
Los Andes también renovó dos acuerdos comunitarios que permiten avanzar en:
- Proyectos de recreación al aire libre.
- Estudios de compensación ambiental conceptual para el propio Proyecto Vizcachitas.
Estos esfuerzos están orientados a propiedades comunitarias subutilizadas, un punto sensible en zonas rurales donde el uso del suelo mezcla actividades productivas, conservación, recreación y, en muchos casos, asentamientos dispersos.
El diseño de proyectos de recreación y compensación ambiental en estos territorios no es neutro: influye en:
- El valor futuro de la tierra.
- La percepción de legitimidad del proyecto minero.
- La forma en que se ordenará el territorio alrededor de la mina, en términos de caminos, equipamiento y servicios.
Si se hace bien, puede catalizar un mejor uso de suelo y una base para desarrollo de turismo rural o actividades complementarias. Si se hace mal, puede quedar como infraestructura aislada que no cambia la realidad de fondo.
Minería y agricultura: tensiones y compatibilidades
Uno de los movimientos más relevantes del año fue la organización de un seminario sobre la compatibilidad entre actividades mineras y agrícolas en la Región de Valparaíso, que reunió a líderes agrícolas y empresariales.
La señal es evidente: en territorios como San Felipe y Putaendo, la discusión ya no es solo “minería sí o no”, sino cómo se cruzan las huellas de agua, suelo y logística de la minería con las de la agricultura.
En la práctica, esto toca variables como:
- Competencia o coordinación en el uso de agua.
- Impacto en caminos rurales y redes viales por transporte de insumos y concentrado.
- Riesgo percibido (y real) sobre suelos agrícolas y calidad de producto.
El CEO de la compañía, Santiago Montt, ha insistido en que el objetivo es un desarrollo sostenible para la Provincia de San Felipe y el Condado de Putaendo, subrayando el potencial de crecimiento económico regional. Pero el verdadero test será cómo se traduzca ese discurso en reglas claras, monitoreo y beneficios tangibles para quienes ya están en el territorio.
Impacto económico y licencia social: oportunidad y riesgo
De acuerdo con un estudio de impacto social elaborado por José Ignacio Guzmán, de la Universidad Católica de Chile, el Proyecto Vizcachitas podría incrementar el PIB regional en más del 3%.
Para inversionistas y autoridades, esta cifra es potente: justifica inversión en infraestructura vial, energía, servicios urbanos y, eventualmente, nueva vivienda y equipamiento en los centros poblados cercanos.
Pero la contracara es evidente:
- Mayor riesgo de conflictos socioambientales si la percepción comunitaria es que el valor se concentra en la empresa y el Estado, mientras los costos se quedan en el territorio.
- Mayor exposición reputacional y regulatoria si la empresa no logra sostener un diálogo significativo y transparente con las comunidades a lo largo de la vida del proyecto.
Los Andes Copper ha puesto el concepto de “licencia social para operar” al centro de su narrativa, señalando que mantendrá un diálogo activo con las comunidades locales para que el proyecto funcione como motor de desarrollo sostenible.
La pregunta de fondo, para ciudades, desarrolladores y gestores de infraestructura, es cómo se aprovechará ese posible incremento de PIB:
- ¿Se traducirá en mejores servicios, caminos, equipamiento y vivienda bien planificada?
- ¿O habrá presión informal sobre el suelo, expansión desordenada y brechas crecientes entre zonas productivas y barrios periféricos?
Ahí es donde la coordinación entre empresa, municipios, gobierno regional y desarrolladores será determinante.
Un proyecto minero que rebasa los límites de la faena
Los avances en programas de emprendimiento, educación, acuerdos comunitarios y diálogo agro–minero muestran una estrategia que busca ir más allá del cumplimiento mínimo.
Sin embargo, el caso de Vizcachitas confirma algo que el mercado ya entiende: ningún proyecto minero relevante es solo un proyecto minero. Termina siendo:
- Un reorganizador de flujos económicos regionales.
- Un disparador de demanda de infraestructura y real estate.
- Un actor político de facto en la discusión sobre agua, suelo y medio ambiente.
Quien invierte, desarrolla o planifica en la Región de Valparaíso no puede leer Vizcachitas solo como un activo de cobre, sino como un nodo que reconfigura el mapa de riesgos y oportunidades del territorio.
