La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) firmaron un convenio para fortalecer la gobernanza para la sostenibilidad y la gestión de riesgos climáticos en empresas listadas o que buscan listarse en México. El foco está en alinear a los emisores con estándares internacionales de gobierno corporativo y sostenibilidad, cada vez más exigidos por inversionistas institucionales locales y globales.
Contexto: gobernanza para la sostenibilidad en el mercado mexicano
El proyecto contempla la creación de una nueva designación de listado en BIVA basada en la metodología G4S de IFC, centrada en gobierno corporativo para la sostenibilidad. Esta etiqueta distinguiría a aquellas empresas que adopten estándares superiores en materia de gobernanza, riesgos climáticos y sostenibilidad, y busca convertirse en un sello de confianza para inversionistas que priorizan criterios ESG.
El objetivo es doble: por un lado, elevar el nivel de prácticas de las emisoras actuales; por el otro, hacer más atractivo el mercado mexicano para capital sofisticado que hoy compara oportunidades entre distintos países y bolsas. 
IFC enmarca este convenio dentro de su agenda de mercados de capitales sostenibles, donde profundizar el mercado es clave para reducir el costo de financiamiento, canalizar recursos a sectores estratégicos y apoyar el crecimiento empresarial en economías emergentes.
Ampliar la base de emisores: el reto estructural
El acuerdo BIVA–IFC también busca atacar un problema estructural del mercado mexicano: el bajo número de emisores. Hoy existen menos de 200 emisores activos en deuda de largo plazo, lo que representa menos del 2% de los grandes contribuyentes del país.
La oportunidad es mucho mayor si se mira a las medianas empresas. De acuerdo con cifras del INEGI, hay alrededor de 38,500 compañías medianas en México que podrían beneficiarse del mercado de capitales, pero que aún no dan el salto a la institucionalización ni al listado.
La alianza plantea el desarrollo de un programa de aceleración para preparar a estas empresas como potenciales emisores, acompañándolas en procesos de gobierno corporativo, transparencia, gestión de riesgos y estructura financiera. El objetivo es que lleguen al mercado ya alineadas con la gobernanza para la sostenibilidad y con un perfil de riesgo más atractivo para bancos, fondos, aseguradoras y family offices.
Ley de emisiones simplificadas: palanca para PyMEs y medianas
El convenio también busca capitalizar el nuevo esquema regulatorio de emisiones simplificadas, que facilita la inscripción y listado de valores de PyMEs y medianas empresas en el mercado bursátil. Este marco reduce fricción regulatoria y costos de entrada, pero exige disciplina en gobierno corporativo y revelación de información.
Bajo el acuerdo BIVA–IFC, la idea es usar la gobernanza para la sostenibilidad como columna vertebral: quien quiera aprovechar las emisiones simplificadas tendrá que ordenar consejo, controles, criterios ESG y gestión de riesgos climáticos si aspira a acceder a inversionistas institucionales y a mejores condiciones de financiamiento.
Qué cambia para emisores y para el apetito de los inversionistas
Para las empresas, la nueva designación en BIVA basada en G4S implica más trabajo interno: fortalecer consejos de administración, integrar criterios climáticos en la gestión de riesgos, transparentar información no financiera y vincular la estrategia de negocio con objetivos de sostenibilidad.
A cambio, se abre la puerta a:
- Diferenciarse frente a otros emisores que no tienen un sello claro de gobernanza para la sostenibilidad.
- Competir por flujos de inversionistas que gestionan mandatos ESG y que requieren procesos formales de selección.
- Acceder a condiciones potencialmente más competitivas en emisiones de deuda temática o sostenible, conforme el mercado madure.
Del lado de los inversionistas, el valor está en contar con un marco metodológico estandarizado que permita comparar emisores bajo criterios de gobernanza y sostenibilidad, más allá de lo que declaren en presentaciones comerciales.
Implicaciones para empresas inmobiliarias, FIBRAs y emisores ligados al real estate
Aunque el convenio está dirigido al mercado de emisores en general, tiene lectura directa para el sector inmobiliario y de infraestructura, donde muchos jugadores ya acuden al mercado de capitales vía FIBRAs, CKDs, CERPIs o papel de deuda.
Para emisores inmobiliarios, la gobernanza para la sostenibilidad se cruza con temas críticos:
- Exposición a riesgos físicos y de transición asociados al cambio climático (activos industriales, hoteleros, retail, oficinas).
- Expectativas de inversionistas globales sobre desempeño ESG en portafolios de renta, vivienda institucional, parques industriales y activos de logística.
- Necesidad de institucionalizar procesos en empresas medianas que quieren profesionalizarse, atraer capital y eventualmente convertirse en emisores públicos.
Las FIBRAs y plataformas inmobiliarias que ya reportan métricas ESG pueden usar esta tendencia para reforzar su narrativa con marcos de gobernanza alineados a estándares internacionales, mientras que desarrolladores privados que hoy operan con estructura limitada pueden ver en el programa de aceleración una ruta para profesionalizarse antes de buscar recursos en bolsa.
En paralelo, el énfasis en emisiones temáticas abre espacio para instrumentos vinculados a proyectos climáticos: eficiencia energética en edificios, reconversión de portafolios, movilidad y logística de baja huella, infraestructura crítica y vivienda sostenible.
IFC, programas climáticos y profundidad de mercado
Este acuerdo se inserta en dos programas estratégicos de IFC: el proyecto “30 por 30 Cero”, financiado por el Gobierno alemán a través de la Iniciativa Climática Internacional (IKI), y el Programa regional de Mercados de Capitales Sostenibles. Ambos buscan fortalecer la gobernanza corporativa, promover emisiones temáticas y movilizar capital hacia proyectos climáticos en mercados emergentes.
La lógica es clara: mercados de capitales más profundos y sostenibles atraen mejor capital, reducen costo de financiamiento y facilitan que sectores con alto impacto en empleo y crecimiento –como el inmobiliario, la infraestructura y la energía– ejecuten proyectos de largo plazo.
Para México, el reto ya no es solo tener marcos regulatorios; es poblar el mercado con más emisores sólidos, bien gobernados y alineados a la agenda de sostenibilidad. El convenio BIVA–IFC es un movimiento en esa dirección, pero su impacto dependerá de cuántas empresas estén dispuestas a asumir la disciplina que exige la gobernanza para la sostenibilidad.
