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Desarrollo Urbano

Acciones en materia de transparencia que impulsa el gobierno de la CDMX

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De acuerdo con el “Diagnóstico sobre Corrupción en el Sector Inmobiliario”, proyecto coordinado por la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y conforme al Índice de Percepción de Corrupción 2017, México se ubicó en el lugar 135 de 180 países (Transparencia Internacional, 2017). Mientras que el Índice Global de Transparencia en Bienes Raíces 2016 ubica a México en el bloque de países “semitransparentes”, en donde existe una importante brecha entre la regulación formal y su aplicación (Jones Lang LaSalle, 2016).

El informe señala que luego de una exhaustiva investigación, cuatro de las alcaldías peor calificadas en la CDMX fueron: Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Benito Juárez. Datos otorgados de forma directa por la PAOT (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial – CDMX), indican que en los últimos 5 años se han recibido más 7 mil 200 denuncias en materia de construcciones y usos de suelo, de las cuales en su mayoría corresponden a edificaciones que rebasan los niveles y alturas permitidas.

Hasta octubre de 2018 la PAOT tenía un registro de 392 construcciones con niveles de más y cerca de 118 sin registro de manifestación de construcción. Otras de las principales querellas presentadas fueron por afectación de patrimonio, afectación de áreas verdes, presentación de documentos apócrifos, derechos adquiridos reconocidos indebidamente y amparos multiusos.

Ante este panorama, el mes de octubre de 2018 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acordó con diputados y alcaldes de Morena, detener el otrogarmiendo de permisos de construcción de megadesarrollos en 11 alcaldías de la ciudad, con el objetivo de llevar a cabo una revisión exhaustiva por parte de las autoridades capitalinas, lo que originó la clausura de diversas obras.

Pese a que la restricción sólo fue por un periodo de tres meses, como lo indicaba la ley, la Jefa de Gobierno expresó de forma precisa y contundente, ante medios de comunicación, que dichas medidas no pretendían frenar el desarrollo urbano, sino poner orden al sistema que durante años ha operado de forma anárquica.

Sin embargo, este mes de marzo se han actualizado las cifras, autoridades capitalinas informaron que derivado de la revisión de 48 de los 174 polígonos de actuación autorizados durante los dos pasados años, se hallaron irregularidades como asignación de un mayor potencial de construcción; determinación de límites de zonificación que originan una mayor área habitacional a favor del particular o a favor del proyecto; autorizaciones de mayores niveles de construcción; ampliación de la superficie de desplante; y relocalización de usos de suelo entre delegaciones, hoy alcaldías.

Ileana Villalobos, secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, dio a conocer que en 24 polígonos ya se iniciaron juicios de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, con el objetivo de suspender su permiso. Además, en otros 20 donde la construcción no ha iniciado, se revocó el polígono, y en cuatro más, que ya están habitados, se aplicarán multas.

Finalmente informó que otros 17 proyectos en construcción están suspendidos por parte del Instituto de Verificación Admnistrativa (Invea).

Por Danae Herrera

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Desarrollo Urbano

Diputados aprueban la movilidad segura, inclusiva y sostenible como derecho constitucional

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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 351 votos a favor, el proyecto de reformas en materia de movilidad y seguridad vial, con lo que se establece como derecho constitucional de las personas, la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

Lo anterior otorga la facultad al Congreso de la Unión, a expedir una ley general que armonice lo correspondiente a los dos campos mencionados, en concordancia con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Asimismo, amplía la capacidad de los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación de programas de desarrollo urbano, con el objetivo de atender los planes en materia de movilidad y seguridad vial. 

Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena, señaló que estas reformas dan “una oportunidad de colocar al ciudadano al centro de la actividad legislativa”.  Añadió que la garantía de un derecho en la Constitución, es un paso para mejorar la vida de las personas que enfrentan la mala calidad en el transporte público e incertidumbre al caminar, andar en bicicleta o transitar las carreteras. 

Por otro lado, subrayó que el presupuesto público en movilidad discrimina a los más vulnerables, ya que el 70% se destina a la población que tiene acceso a un vehículo particular y no a la mayoría de los habitantes que no lo tienen. 

“Este cambio, permitirá a los ciudadanos ejercer con plenitud sus derechos, garantizar la movilidad segura de las personas es una forma concreta y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los vehículos motorizados”.

Del mismo modo, la diputada consideró que este un paso en la mejora de la calidad de vida de los mexicanos y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

De acuerdo con el INEGI, en 2018 se registraron un total de 365 mil 67 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, en los que 4 mil 227 personas perdieron la vida y 89 mil 119 resultaron heridas. 

El Índice de Movilidad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad refiere que en el país las ciudades están más diseñadas para los automóviles que para las personas, lo que deriva en caminos cada vez más largos para un parque vehicular mayor. 

Por este motivo, la reforma también considera que personas con discapacidad, peatones, ciclistas y transporte público sigan ocupando el puesto más importante dentro de la jerarquía vial, antes que los vehículos privados. 

En este sentido,  se requerirá destinar más recursos para hacer de las calles lugares seguras, mejorar las banquetas y pasos peatonales, tener transporte público digno, y construir infraestructura civil que facilite el acceso a movilidades más sustentables. 

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