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Desarrollo Urbano

BID y AFD otorgan 380 mdd a Costa Rica para plan de movilidad urbana

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) consolidaron su compromiso de colaboración para futuras operaciones de cofinanciamiento en América Latina y el Caribe, con el fin de apoyar los planes de recuperación a mediano y largo plazo posteriores a la pandemia. 

Por esa razón, firmaron un acuerdo de financiamiento y donación por una suma de 380 millones de dólares, para respaldar el plan de descarbonización de Costa Rica, que incluye un novedoso proyecto de movilidad urbana. 

Del total, 150 millones de dólares serán destinados a proteger a las familias y empresas afectadas por la emergencia sanitaria, a través del Plan Proteger.

El tratado se  estableció ya que durante el primer trimestre de 2020, el país centroamericano cumplió 13 reformas de política pública dirigidas a una economía más eficiente, limpia y amigable con el ambiente, que comprenden el Plan Nacional de Transporte Eléctrico y la aprobación de una tarifa especial para las estaciones de recarga de vehículos eléctricos.

Ambas instituciones destacan que Costa Rica tiene la oportunidad de continuar esta estrategia de innovación y potenciar su desarrollo sostenible mediante la creación de soluciones para descarbonizar la economía, por lo que le han concedido un plazo de amortización de 20 años, más un período de gracia de 5.5 años, indicó el Ministerio de Hacienda.

BID y ADF mantienen un historial de cooperación en el área de cambio climático, desarrollo urbano, energía, transporte y desarrollo sostenible, y a través de las reuniones de trabajo tituladas “Deep Dive”, han discutido sobre las perspectivas de cofinanciamiento para el periodo 2020-2021 en Latinoamérica, con la participación de BID Invest y Proparco.

Ana María Rodríguez, Vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID, declaró que “Si bien el Covid-19 ha detenido muchos aspectos de la vida, en el BID estamos trabajando las 24 horas para encontrar formas innovadoras de brindar soluciones y recursos adicionales a nuestros países, actuando de manera conjunta con nuestros socios multilaterales”.

Por su parte, Laurence Breton-Moyet, Director de Estrategia, Cooperación y Comunicación de la AFD, destacó que “una mayor coordinación entre los bancos de desarrollo regionales y nacionales será clave para promover planes de transición en la respuesta post-COVID, así como para canalizar eficazmente la financiación del desarrollo hacia una inversión de recuperación sostenible”. 

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Desarrollo Urbano

Diputados aprueban la movilidad segura, inclusiva y sostenible como derecho constitucional

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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 351 votos a favor, el proyecto de reformas en materia de movilidad y seguridad vial, con lo que se establece como derecho constitucional de las personas, la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

Lo anterior otorga la facultad al Congreso de la Unión, a expedir una ley general que armonice lo correspondiente a los dos campos mencionados, en concordancia con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Asimismo, amplía la capacidad de los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación de programas de desarrollo urbano, con el objetivo de atender los planes en materia de movilidad y seguridad vial. 

Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena, señaló que estas reformas dan “una oportunidad de colocar al ciudadano al centro de la actividad legislativa”.  Añadió que la garantía de un derecho en la Constitución, es un paso para mejorar la vida de las personas que enfrentan la mala calidad en el transporte público e incertidumbre al caminar, andar en bicicleta o transitar las carreteras. 

Por otro lado, subrayó que el presupuesto público en movilidad discrimina a los más vulnerables, ya que el 70% se destina a la población que tiene acceso a un vehículo particular y no a la mayoría de los habitantes que no lo tienen. 

“Este cambio, permitirá a los ciudadanos ejercer con plenitud sus derechos, garantizar la movilidad segura de las personas es una forma concreta y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los vehículos motorizados”.

Del mismo modo, la diputada consideró que este un paso en la mejora de la calidad de vida de los mexicanos y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

De acuerdo con el INEGI, en 2018 se registraron un total de 365 mil 67 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, en los que 4 mil 227 personas perdieron la vida y 89 mil 119 resultaron heridas. 

El Índice de Movilidad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad refiere que en el país las ciudades están más diseñadas para los automóviles que para las personas, lo que deriva en caminos cada vez más largos para un parque vehicular mayor. 

Por este motivo, la reforma también considera que personas con discapacidad, peatones, ciclistas y transporte público sigan ocupando el puesto más importante dentro de la jerarquía vial, antes que los vehículos privados. 

En este sentido,  se requerirá destinar más recursos para hacer de las calles lugares seguras, mejorar las banquetas y pasos peatonales, tener transporte público digno, y construir infraestructura civil que facilite el acceso a movilidades más sustentables. 

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