Un Código de Desarrollo Sustentable puede unificar reglas, transparentar autorizaciones y dar certidumbre tanto a la ciudadanía como a la inversión inmobiliaria.
La participación social y las redes digitales aumentaron la vigilancia sobre inmuebles con valor histórico, proyectos cuestionados y autorizaciones urbanas. Ese nuevo entorno abrió una oportunidad para revisar la gestión de las ciudades.
La inversión inmobiliaria sigue siendo una fuente importante de empleo e ingresos y puede financiar infraestructura y servicios. El reto consiste en garantizar que el desarrollo sea ordenado, responsable y comprensible para la sociedad.
Reglas dispersas y criterios contradictorios
Los desarrolladores enfrentan múltiples ventanillas, leyes, reglamentos, requisitos y tiempos. En ocasiones, cumplir lo solicitado por una dependencia puede contradecir lo que exige otra. Esa falta de coordinación encarece los proyectos, genera incertidumbre y abre espacio a decisiones discrecionales.
Para los ciudadanos, la pregunta sobre si una obra está permitida tampoco tiene una respuesta sencilla. En la aprobación del uso de suelo y los permisos intervienen diversas autoridades con criterios distintos, lo que enfrenta innecesariamente a vecinos y desarrolladores.
Un instrumento común para la ciudad
El Código de Desarrollo Sustentable plantea sincronizar leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a la obra pública y privada, además de homologar los criterios con los que se evalúan y autorizan los proyectos.
Su implementación requiere un diagnóstico de riesgos ambientales y urbanos, infraestructura, equipamiento y servicios. Con esa base, el uso permitido de cada propiedad podría incorporar las condiciones de su zona y las mejoras necesarias para sostener una nueva densidad.
El texto recordó una revisión en la que participaron más de 1,500 representantes de la sociedad civil, profesionistas, organizaciones e instituciones. La participación pública y privada permitiría construir acuerdos, eliminar requisitos fuera de la ley y orientar parte del desarrollo económico a financiar el desarrollo social.
La transparencia, la modernización de los procedimientos y la vigilancia ciudadana aparecen así como condiciones para recuperar confianza y mejorar la calidad de vida urbana.
