Entró en vigor la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021, creada por la Secretaría de Economía, para proteger de fraudes inmobiliarios a los compradores de vivienda en México.
Dicho reglamento busca garantizar que los servicios de comercialización, que realicen fraccionadores, constructores, promotores, asesores y vendedores, cumplan con requisitos informativos.
Para ello deben observar factores relacionados con: información para el consumidor, contratos de adhesión, elementos mínimos de las garantías, derecho a la indemnización por defectos o fallas graves, y obligaciones en las entregas.
Cabe mencionar que los fraudes inmobiliarios en México han sido una constante que continúa afectando al sector y, por supuesto, a los compradores.
Tan solo en los últimos 10 años, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) perdió al menos 340 millones de pesos, por actividades ilícitas de coyotes o falsos gestores.
Carlos Martínez Velázquez, director del organismo, refirió que las pérdidas económicas han disminuido año con año. Sin embargo, autoridades y otros actores de la industria de vivienda buscan implementar nuevas medidas.
Información y protección de datos, acciones contra los fraudes inmobiliarios
Una de las acciones que promueve la nueva norma para prevenir los fraudes inmobiliarios, es la creación de canales de atención al consumidor, gratuitos y accesibles, por parte del proveedor.
Asimismo, los portales de internet deben contener información actualizada en precios; operaciones de crédito; dirección física y electrónica. Además de modelo de contrato de adhesión registrado ante la Profeco.
Por otro lado, se contemplan obligaciones en materia de privacidad y protección de datos personales, anticipos, enganches, preventas y promoción de los inmuebles.
Todo lo anterior será publicado para que “los compradores puedan elegir libremente el inmueble que mejor satisfaga sus necesidades y se ajuste a su capacidad de compra”.
Algunos de los integrantes voluntarios del grupo de trabajo para crear la norma en contra del fraude inmobiliario en México, fueron:
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI); la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi Nacional) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Además de desarrolladores, como Casas Javer, Consorcio ARA y Grupo Sadasi; y el Fondo de la Vivienda de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) e Infonavit.
