El nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), busca detonar la inversión y crecimiento en el país, a partir de diferentes programas y estructuras fiscales.
En el sur-sureste se le dará continuidad al proyecto de Zonas Económicas Especiales (ZEE). En la frontera norte desde el 1 de enero del 2019 se implementó la zona libre. Mientras que en el Bajío se desarrolla el concepto de Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), el cual se ha anunciado para estados como Querétaro y Guanajuato.
Todo esto generará un mapa interesante en el país con distintos escenarios fiscales, habrá que ver cómo se desarrollan y ejecutan a lo largo del sexenio, ya que mientras que las ZEE se enfocarán en los estados más pobres para poder salir del rezago económico y social; las zonas libres buscarán hacer más competitivas a las entidades fronterizas frente al mercado de Estados Unidos.
Zonas económicas especiales
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se implementaron por primera vez en Irlanda en 1959 con el fin de impulsar el crecimiento económico sostenible en regiones consideradas prioritarias para el desarrollo de cada nación, en donde el Estado genera condiciones para reducir la pobreza mediante la provisión de servicios básicos, el fomento a la inversión, productividad, competitividad, empleo y mejor distribución de ingresos. Surgieron como una respuesta a los problemas derivados de la falta de coordinación entre el capital privado y las instituciones gubernamentales.
De acuerdo con el Reporte sobre las Economías Regionales Enero-Marzo 2018 del Banco de México, las ZEE han demostrado su efectividad para acelerar el desarrollo local en al menos la mitad de lugares donde se han establecido a nivel mundial. Ejemplo emblemático es la zona de Shenzhe en China, donde el PIB per cápita se incrementó 150 veces más desde que se instauró en la década de los ochenta. En Asia otros casos de éxito se ubican en Malasia, Corea del Sur, Sri Lanka y las Filipinas, mientras que en América Latina se encuentran en Brasil y Panamá.
En México, las ZEE surgieron hace una década, en el segundo año de mandato de Felipe Calderón (2008), y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvieron mayor impulso con la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE), promulgada en el año 2016.
A finales de 2017 y principios de 2018, el Ejecutivo Federal, emitió la declaratoria para el desarrollo de siete ZEE en el país: Coatzacoalcos en Veracruz; Puerto Chiapas en Chiapas; Lázaro Cárdena-La Unión en Michoacán y Guerrero; Salina Cruz en Oaxaca; Progreso en Yucatán; Champotón en Tabasco; y Dos Bocas en Campeche.
Conforme a la medición de la pobreza realizada por el CONEVAL en 2016, las zonas elegidas se encuentran en las entidades con mayor incidencia de pobreza extrema en el país; por lo tanto, tienen como finalidad impulsar el crecimiento económico sostenible y buscar un equilibrio con las regiones de mayor desarrollo.
En México las ZEE sólo pueden ser declaradas mediante decreto presidencial, en el cual se establece el polígono territorial, su área de influencia y los beneficios fiscales que aplicarán a las empresas. Los territorios en los que se ubiquen deben satisfacer los siguientes requisitos: situarse en una de las diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema.
Establecerse en áreas geográficas estratégicas para facilitar la integración hacia otros mercados nacionales y/o internacionales. Permitir la instalación de sectores productivos y ubicarse en uno o más municipios con una población entre 50 mil y 500 mil habitantes.
En cada declaratoria se define también la vocación productiva del lugar; es decir, las actividades económicas con potencial de desarrollo. En el siguiente cuadro se muestra las vocaciones productivas de las siete zonas:
De acuerdo al Banco de México los beneficios fiscales que se aplican en las ZEE, consisten principalmente en: una disminución del impuesto sobre la renta del 100% en los primeros 10 años y del 50% los siguientes 5 años; el otorgamiento de créditos fiscales equivalentes al 50% de las cuotas patronales del componente de salud del IMSS los primeros 10 años, y del 25% los siguientes 5 años; y la aplicación de una tasa del 0% del impuesto al valor agregado a las actividades realizadas en el lugar, a los bienes que se introduzcan en estas, así como a los servicios que se aprovechen en su interior, siempre y cuando estos últimos sean provistos por empresas residentes en México.
Además, hay un régimen aduanero especial que pretende facilitar la importación y exportación en las ZEE. Consiste en exentar a las empresas de impuestos al comercio exterior y de restricciones no arancelarias (cupos de importaciones y certificaciones, entre otras).
AMLO ha dado a conocer que dará continuidad al proyecto de las ZEE, toda vez que coincidan con el plan nacional para recuperar la economía en el sur del país. Sin embargo, el mayor reto que enfrentan es dotar de infraestructura a las zonas, ya que los índices de desarrollo de estas regiones se encuentra muy por debajo de la media nacional.
Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE)
Otro escenario fiscal en México es el RFE, el cual representa una opción principalmente para los estados del Bajío, de forma que puedan competir por dar mejores incentivos para atraer a la inversión privada.
El RFE es un inmueble ubicado dentro de la circunscripción de cualquier aduana, el cual se habilita para la introducción de mercancías bajo el régimen aduanero también denominado recinto fiscalizado estratégico. Es decir, es una zona franca donde las empresas nacionales o extranjeras, principalmente en un parque industrial, pueden introducir materias primas o productos para su posterior manejo, transformación, reparación, comercialización, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución o elaboración, entre otros, sin la necesidad de incurrir en contribuciones y aranceles.
Este esquema fiscal tiene su origen en el 2002 cuando en el mandato de Vicente Fox Quesada se implementó una serie de reformas a la Ley Aduanera. En diciembre del 2013 se estableció la posibilidad de habilitar el RFE en todo el territorio nacional, portuarios y en el interior del país, mientras en febrero del 2016 se amplían los beneficios fiscales y las facilidades administrativas, a fin de ser detonadores del desarrollo industrial, propiciando la atracción de inversiones.
De acuerdo el portal del SAT hay seis RFE activos: Aguascalientes, Altamira, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Mazatlán y Veracruz; y siete operadores del régimen de RFE, cinco en Aguascalientes, Altamira y Ciudad Hidalgo.
Los beneficios fiscales, operativos y administrativos son varios. En términos fiscales desataca la certificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicación de Derecho de Trámite Aduanero, y el ingreso de mercancías nacionales para almacenaje sin considerarlas exportación definitiva.
Por la parte operativa, tiene la ventaja que el plazo de permanencia de las mercancías en general será de 60 meses y para maquinaria y equipo dependiendo de la vigencia de autorización.
En cuanto a la parte administrativa, destaca que no se requiere una superficie mínima para la autorización, tampoco se necesita demostrar la viabilidad económica y financiera del proyecto.
El RFE es una opción para empresas extranjeras en cuanto al almacenamiento de insumos se refiere, porque otorga eficiencia en la logística.
Por Xareni Zafra Gatica
Este es un fragmento del artículo Escenarios fiscales para el libre comercio y la inversión en México de la edición 112 https://inmobiliare.com/inmobiliare_v2/inmobiliare-112/