Las corporaciones financieras Fitch Ratings y Moody’s ajustaron a la baja la calificación y perspectiva de la deuda mexicana, tanto en moneda local como extranjera. Movimiento que responde a la desaceleración económica en el país y los riesgos que ésta enfrenta; las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, además de las limitadas acciones de gobierno para resolver a largo plazo el deterioro de Petróleos Mexicanos.
Fitch redujo la calificación de la deuda de ‘BBB+’ a ‘BBB’; y su perspectiva de ‘estable’ a ‘negativa’, fundamentando su decisión en el mayor riesgo que tienen las finanzas públicas a causa de Pemex, así como el debilitamiento de la economía por tensiones comerciales, incertidumbre política y poco margen fiscal.
La calificadora pronóstica que para el 2019 y 2020 se generará contracción de la producción petrolera en un 5%, lo que podría mermar las finanzas públicas. Esto debido a que los impuestos que debe pagar Pemex siguen siendo mayores a sus flujos de caja, lo que reduce también su capacidad de inversión, para revertir la caída de la producción y aumentar las reservas; por lo tanto los riesgos de menor crecimiento siguen siendo altos.
Por su parte, Moody’s ajustó solamente la perspectiva de la deuda de largo plazo tanto en moneda local como extranjera, y pasó de ‘estable’ a ‘negativa’. La calificación se mantiene en A3 (cuatro niveles por arriba del grado de especulación). Las razones que mantiene se deben a la incertidumbre que generan las políticas públicas locales (poco coherentes y poco efectivas) en la perspectiva de crecimiento a mediano plazo (y el riesgo que esto representa para la posición fiscal del país); aunadas al menor crecimiento y los cambios en la política energética, específicamente en el rol de PEMEX como jugador preponderante en la industria de energía.
Moody’s cree que la situación financiera actual de la empresa petrolera y su cada vez más difícil acceso a los mercados internacionales de capital, obligarán al gobierno a asistirla continuamente, lo que podría costarle al gobierno hasta 1 o 2% del PIB cada año, en los siguientes 5 años, provocando tensiones en las decisiones de gasto público.
Con la nueva calificación el país queda en la misma condición que países como Colombia, Panamá, Hungría, Bulgaria, Kazajistán e Indonesia.