El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador renegoció los contratos de construcción y administración de ocho cárceles mexicanas, las modificaciones implican un ahorro de 2 mil 300 millones de pesos anuales al estado, es decir, 15% menos de lo que se iba a pagar originalmente.
La recaudación total de ahorros por reducir los precios contractuales será de 41 mil 500 millones de pesos para cuando terminen los contratos. También se acordó que, en ese momento, las prisiones volverán a manos del gobierno.
Cabe destacar, que los contratos que se modificaron fueron otorgados durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, momento en que comenzó la privatización de los sistemas penitenciarios, así como la construcción de estos. Una de las licitaciones pertenece a la empresa BlackRock y dos son de Carlos Slim.
“No vamos a deshacer contratos, incumplir con contratos de otros tiempos; lo que buscamos es quitarles a esos convenios las aristas más nocivas para hacienda pública y que logremos ahorros”, comentó el presidente en su conferencia de prensa matutina.
El gran problema, según la secretaria de seguridad Rosa Rodríguez, es que en los ocho penales la ocupación promedio es del 61%, equivalente a 12 mil 334 personas privadas de su libertad, y que el gobierno pagaba las cuotas correspondientes a una ocupación máxima.
Hasta ahora, se han usado 85 mil 400 millones de pesos de recursos públicos a lo largo de 9 años para financiar la privatización carcelaria, el total a pagar iba a ser de 276 mil 600 millones, pero esta cantidad se reducirá.
Se espera que cuando los penales tengan una administración gubernamental, las condiciones inconstantes de servicios de salud y comida se erradicarán. El dinero ahorrado se usará para construir cuarteles para la Guardia Nacional.