Ante las medidas presentadas por el presidente López Obrador para reactivar la economía, el sector privado privado representado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció los avances de los programas sociales y celebró acciones como la ampliación del programa de créditos de la banca y de instituciones de vivienda, así como la aceleración de las devoluciones pendientes de IVA a las empresas. Sin embargo, a través de un comunicado emitido el seis de abril, el CCE expresó que considera insuficientes las estrategias del gobierno ante la gran dimensión de la crisis que enfrenta el país, además de señalar que las propuestas del sector privado han sido omitidas.
”El 2 de abril, presentamos al Presidente un plan para suscribir un gran convenio nacional entre gobierno, trabajadores, sector social y empresarios para transitar los siguientes noventa días, que serán críticos. No pedimos reducción de impuestos, ni privilegios, ni concesiones. Siempre hemos puesto a los trabajadores, sus familias y al país como nuestra prioridad. Nuestras propuestas aún no han sido tomadas en cuenta”, se puede leer en el comunicado.
Por esta razón, Carlos Salazar Lomelín, presidente del consejo empresarial, convocó a las 12 organizaciones que integran el CCE para conciliar un acuerdo nacional, que contemple las necesidades de los empresarios y trabajadores. De este modo, en una reunión virtual, se presentó el plan a 90 días, diseñado para mitigar el impacto, que fue presentado al gobierno federal y el cual buscaba consolidarse como un Consejo Económico Permanente ante la crisis.
Según Salazar Lomelí, en el empleo formal existen casi 21 millones de trabajadores inscritos al seguro social de los cuales, 10 millones ganan menos de dos salarios mínimos y representan 50% del total de la fuerza laboral, por lo que dentro de las proposiciones estaba diferir las contribuciones a la seguridad social para las industrias más afectadas como la de hotelería, aviación y restaurantes; establecer con fondos públicos un programa de 100 mil mdp, para que la banca de desarrollo garantizara a través de la banca privada, créditos a las pymes con tasas de interés reducidas, para que pudieran conservar su liquidez y nómina; diferir el pago de impuestos para el sector privado por 90 días y sin cargos de interés, los cuales serían regresados en 12 pagos para 2021.
En el sector informal, se buscaba que todos los saldos a favor de las empresas en el SAT, se liquidarán de inmediato. Asimismo se pedían créditos de 25 mil pesos para que, con cobertura del estado se beneficiaran a 1 millón de personas pudieran obtener liquidez, con la condición de que quien lo solicitara debía formalizar sus negocios. De acuerdo al presidente del CCE, el sector informal representa el 25% del PIB nacional y más del 50% de los empleos del país.
Finalmente el Lomelí pronosticó un decrecimiento de entre el 7 y 10 por ciento, así como 800 mil a 1 millón de desempleados, y un porcentaje de inflación de entre 6 y 10%. Por lo que reiteró la importancia de efectuar cinco medidas concretas:
- Apoyos económicos entre los privados, para que las empresas con con capacidad económica apoyen a sus proveedores mediante pago de 30 días.
- El programa adopta una pyme, en donde quienes tengan la capacidad ayuden a estas empresas con el pago de salarios u ofreciéndoles recursos.
- Realizando pedidos adelantados a entregarse después de la crisis o establecer ventas a futuro.
- Generar una plataforma ágil y sencilla para apoyar a las Mipymes con apoyo de instituciones financieras en cuestión de factoraje.
- Evitar penalizaciones de contractuales entre particulares.