El próximo 21 de junio entrará en vigor las reglas del programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado, publicadas el pasado 16 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Dichas reglas aplican entre otros ramos para la comercialización, arrendamiento y desarrollo inmobiliario, actividades que fueron identificadas como vulnerables.

De acuerdo con el DOF los contribuyentes podrían condonar sus faltas si autocorrigen y cumplen con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, en el periodo del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2018.

El cumplimiento puede parecer sencillo; sin embargo, acorde con el director general de Consultoría en Actividades Vulnerables, Alejandro Ponce Rivera y Chávez, “ocho de cada diez sujetos obligados no lo hacen en tiempo y forma por tres factores principales: por desconocimiento de la ley, porque ignoran el proceso correcto de conformación de expedientes y envío de avisos, y porque no disponen de recursos humanos y tecnológicos para ello”.

Estas deficiencias no son exclusivas de pequeñas y medianas empresas, también ocurren en los grandes corporativos a pesar de que cuentan con una estructura y recursos que pudieran ser suficientes para el cumplimiento. De acuerdo con el especialista, lo más recomendable es buscar asesoría especializada para elegir la opción más conveniente, ya que de no ser acatada la ley las sanciones económicas van desde$844,900 pesos hasta más de $5,000,000 de pesos, con pena de cárcel si se falsea información.