La reforma energética despertó interés por las energías limpias en México, pero el despegue de la inversión todavía dependía de reglas claras para operar el mercado eléctrico.
El compromiso federal planteaba que las fuentes renovables aportaran 25% del consumo de energía en 2018 y 35% en 2024. Alcanzar esas metas exigía un crecimiento acelerado en un país con gran potencial solar, eólico, geotérmico e hidroeléctrico.
Regulación pendiente
La Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento habían definido una parte del nuevo marco, pero quedaban disposiciones administrativas por emitir. Entre los temas centrales estaban las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista y las tarifas de transmisión, distribución y suministro.
La certidumbre sobre precios y contraprestaciones era indispensable para proyectar los plazos de recuperación y la rentabilidad de los proyectos. El análisis también advertía la ausencia de estímulos financieros y fiscales comparables con los de otros mercados.
La fuerza del viento
La energía eólica se había convertido en una de las tecnologías renovables más competitivas por la reducción de costos y su factor de planta. Al cierre de 2014, México contaba con 31 parques instalados y seis en construcción.
Tamaulipas, Durango, La Ventosa en Oaxaca y La Rumorosa en Baja California aparecían como zonas con condiciones sobresalientes. Las previsiones de inversión situaban a la energía eólica como el principal destino del capital privado renovable.
Cogeneración y transición
El panorama incluía también la cogeneración mediante ciclos combinados eficientes. Aunque depende de gas natural y no es renovable, su capacidad de producir energía de manera continua la convertía en una alternativa atractiva.
La conclusión era optimista, pero condicionada: el potencial existía y la inversión podía acelerarse en cuanto el mercado contara con reglas operativas y señales de precio suficientemente claras.
