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Construcción

Profesionales de la construcción rechazan acusaciones de AMLO

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Ante las declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo, señalando a las empresas vivienderas como corruptas, con el fin de justificar su propuesta de entregar los créditos Infonavit y Fovissste de manera directa a los trabajadores; el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), manifestaron su posición al respecto.

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El CICM rechazó la calificación de “corruptos” y valoró como grave la omisión de las empresas profesionales de la ingeniería y arquitectura, ya que sin su intervención, las construcciones pueden tener graves riesgos ante fenómenos naturales como los sismos.

Asimismo, indicó que los miembros de dichos campos participan de forma permanente en el mejoramiento de los criterios de diseño de la infraestructura, así como en la promulgación de leyes, reglamentos y normas para reducir riesgos y garantizar la seguridad estructural. Tal es el caso de la propuesta entregada a la Cámara de Diputados para la renovación de la Ley de Obra Pública, que está en espera de ser aprobada y que contribuirá a eficientar los proyectos de planeación, costos y tiempos de entrega, además de luchar contra la corrupción.

De la misma forma, llamó a no desacreditar a todo un sector, fraccionando a la sociedad y causando desconfianza, pues de éste, depende en gran medida la infraestructura nacional de carreteras, aeropuertos, vialidades urbanas y servicios esenciales, así como millones de empleos de mano de obra especializada y no especializada.

Igualmente, reiteró su profunda preocupación por las pequeñas y medianas empresas constructoras que han frenado sus operaciones por el virus Covid-19, comprometiendo el bienestar de sus propietarios y trabajadores. Por tal motivo, convocó a las organizaciones gremiales y empresariales a participar con las tres órdenes de gobierno para desarrollar estrategias de apoyo y colaboración que mitiguen el impacto, y generen fuentes de empleo y protocolos para nuevas emergencias.

Por su parte, la Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción, tambień reprobó la proposición del Ejecutivo Federal, puesto que la mayoría de las empresas del sector se conforma por profesionales capacitados en universidades públicas y privadas de México. Además, denunció que se ha sustituido a los constructores formales en el desarrollo de la obra pública, por actores que no están sujetos  a la Ley de Obras Públicas y Servicios, lo que afecta al desarrollo nacional y distorsiona la rentabilidad de los proyectos.

De la misma manera, la organización recalcó que evitar a las vivienderas formales no generará ahorros, sino que aumentará la opacidad y discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos, excluirá a los trabajadores de los beneficios sociales, incumplirá con el pago de impuestos en detrimento de las finanzas públicas, y destruirá la experiencia, especialidad y crecimiento de miles de Mipymes del ramo, que son las mayores generadoras de empleo. 

Finalmente, la CMIC insistió en que la construcción sea considerada esencial para superar la emergencia y reactivar la economía; y reiteró su propósito de ser un organismo aliado del Gobierno mexicano.

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