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Desarrollo Urbano

Reconstrucción de viviendas requerirá acompañamiento de profesionales: UNAM

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120 mil pesos sólo  cubren el 25 o 30 por ciento de una casa nueva
Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, inició el pasado 2 de octubre con el reparto de tarjetas para apoyo a los damnificados que perdieron su vivienda por los sismos del 7 y 19 de septiembre; el Gobierno realizará un depósito de 120 mil pesos para la reconstrucción de sus hogares. En el caso de haber sufrido daño parcial, el monto será de 15 mil pesos para utilizarlo en materiales, mano de obra o autoempleo.

Imagen tomada de Presidencia de la República


Sin embargo, ese apoyo sólo cubrirá el 30 por ciento del total para la construcción, señalaron académicos de la UNAM durante la conferencia “La vivienda en la Ciudad de México después de los sismos” realizada en el Instituto de Investigaciones Económicas.
De acuerdo con Marco Tulio Mendoza, profesor de la Facultad de Ingeniería, “el apoyo de 120 mil pesos, en promedio y hablando de vivienda de interés social, estaría cubriendo alrededor del 25 o 30 por ciento de una casa nueva. La reconstrucción es más cara y peligrosa que la construcción formal, por lo que se requiere el acompañamiento de un profesional”, comentó.
Señaló que el costo de construcción promedio para las viviendas de interés social es de 3 mil 500 pesos por metro cuadrado, de interés medio de 9 mil 700 pesos por metro cuadrado y el residencial de 15 mil 700 pesos.

Imagen de archivo


Durante la conferencia, los expertos se refirieron al número de inmuebles dañados por los sismos, alrededor de 150 mil viviendas, número similar a las construidas durante el año 2016; de las cuales 52 mil 374 fueron pérdida total.  
Otro de los puntos que hace más difícil la reconstrucción de los hogares mexicanos es el alta de precios en los insumos básicos de construcción, ya que después del sismo los costos se elevaron entre un 10 y 50 por ciento, según información de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Se esperan cambios de residencias a zonas de suelo firme  
Por su parte los Doctores Adolfo Sánchez Almanza y Abraham Granados, del IIEc, comentaron que los habitantes de las zonas afectadas de la Ciudad de México tienen una mayor capacidad de resiliencia, es decir, mayor respuesta ante los efectos de desastres naturales, “entre más vulnerable es la población, la recuperación es más lenta, por ello se requiere priorizar la ayuda y el apoyo para las personas con necesidades más urgentes”, dijo Sánchez Almanza.
De acuerdo al estudio realizado por los investigadores, son 38 edificios derrumbados en la Ciudad de México localizados en 36 manzanas, de las cuales 25 se encuentran en zonas con un Índice de Calidad de Vida Objetivo muy alto; 11 en el estrato alto, y 2 más en un grado medio.

Índice de Calidad de Vida Objetivo por Colonia en la Zona Metropolitana del Valle de México e inmuebles derrumbados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Mapa realizado por el IIEc


Los académicos también se refirieron al desplazamiento de las personas que vivían en el corredor Roma-Condesa y el Centro debido al temor de otra catástrofe, la gente empieza a mudarse o vender sus propiedades en las zonas afectadas por el sismo al igual que hace 32 años.
Abraham Granados indicó que, a corto plazo, este movimiento será más evidente, aumentarán los cambios de residencia y se incrementará la demanda en zonas con suelo firme. “El resultado final será influenciado por la capacidad institucional para asegurar la estabilidad y seguridad de la zona, así como el riesgo potencial ante otro sismo”.

Densidad de reportes de inmuebles afectados, derrumbados y zonificación sísmica en la Zona Metropolitana del Valle de México. Mapa realizad por el IIEc


Por Mónica Herrera
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Desarrollo Urbano

Diputados aprueban la movilidad segura, inclusiva y sostenible como derecho constitucional

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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 351 votos a favor, el proyecto de reformas en materia de movilidad y seguridad vial, con lo que se establece como derecho constitucional de las personas, la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

Lo anterior otorga la facultad al Congreso de la Unión, a expedir una ley general que armonice lo correspondiente a los dos campos mencionados, en concordancia con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Asimismo, amplía la capacidad de los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación de programas de desarrollo urbano, con el objetivo de atender los planes en materia de movilidad y seguridad vial. 

Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena, señaló que estas reformas dan “una oportunidad de colocar al ciudadano al centro de la actividad legislativa”.  Añadió que la garantía de un derecho en la Constitución, es un paso para mejorar la vida de las personas que enfrentan la mala calidad en el transporte público e incertidumbre al caminar, andar en bicicleta o transitar las carreteras. 

Por otro lado, subrayó que el presupuesto público en movilidad discrimina a los más vulnerables, ya que el 70% se destina a la población que tiene acceso a un vehículo particular y no a la mayoría de los habitantes que no lo tienen. 

“Este cambio, permitirá a los ciudadanos ejercer con plenitud sus derechos, garantizar la movilidad segura de las personas es una forma concreta y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los vehículos motorizados”.

Del mismo modo, la diputada consideró que este un paso en la mejora de la calidad de vida de los mexicanos y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

De acuerdo con el INEGI, en 2018 se registraron un total de 365 mil 67 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, en los que 4 mil 227 personas perdieron la vida y 89 mil 119 resultaron heridas. 

El Índice de Movilidad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad refiere que en el país las ciudades están más diseñadas para los automóviles que para las personas, lo que deriva en caminos cada vez más largos para un parque vehicular mayor. 

Por este motivo, la reforma también considera que personas con discapacidad, peatones, ciclistas y transporte público sigan ocupando el puesto más importante dentro de la jerarquía vial, antes que los vehículos privados. 

En este sentido,  se requerirá destinar más recursos para hacer de las calles lugares seguras, mejorar las banquetas y pasos peatonales, tener transporte público digno, y construir infraestructura civil que facilite el acceso a movilidades más sustentables. 

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