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Desarrollo Urbano

Secretarías Federales dan seguimiento al Programa Nacional de Reconstrucción

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Mediante un comunicado, el Gobierno de México informó que el día de ayer, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Educación Pública (SEP), Salud, Cultura y de Seguridad y Protección Ciudadana e integrantes de la Comisión Interseccional de Reconstrucción (CIR) se reunieron para acordar las visitas a las entidades afectadas por los sismo de 2017 y 2018, esto con el fin de dar seguimiento al Programa Nacional de Reconstrucción (PNR).

El Titular de la SEDATU, Román Meyer, informó que los recorridos tendrán como objetivo dar continuidad a la aplicación de los recursos y corroborar los avances en la reconstrucción de vivienda, infraestructura de salud y educativa, así como los monumentos históricos afectados.

Durante la primera sesión ordinaria, se avaló el reglamento interno de la comisión y el calendario de sesiones próximas, el cual se realizará en la entidades afectadas por los sismos.

La Cámara de Diputados para este año aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, la aplicación de 8 mil millones de pesos al programa antes mencionado; además se asignarán más de 13 mil 600 millones de pesos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de seguros.

Además, en el marco de esta reunión los integrantes de la CIR eligieron a David Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial, para fungir como secretario ejecutivo de la comisión.

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Desarrollo Urbano

Diputados aprueban la movilidad segura, inclusiva y sostenible como derecho constitucional

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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 351 votos a favor, el proyecto de reformas en materia de movilidad y seguridad vial, con lo que se establece como derecho constitucional de las personas, la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

Lo anterior otorga la facultad al Congreso de la Unión, a expedir una ley general que armonice lo correspondiente a los dos campos mencionados, en concordancia con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Asimismo, amplía la capacidad de los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación de programas de desarrollo urbano, con el objetivo de atender los planes en materia de movilidad y seguridad vial. 

Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena, señaló que estas reformas dan “una oportunidad de colocar al ciudadano al centro de la actividad legislativa”.  Añadió que la garantía de un derecho en la Constitución, es un paso para mejorar la vida de las personas que enfrentan la mala calidad en el transporte público e incertidumbre al caminar, andar en bicicleta o transitar las carreteras. 

Por otro lado, subrayó que el presupuesto público en movilidad discrimina a los más vulnerables, ya que el 70% se destina a la población que tiene acceso a un vehículo particular y no a la mayoría de los habitantes que no lo tienen. 

“Este cambio, permitirá a los ciudadanos ejercer con plenitud sus derechos, garantizar la movilidad segura de las personas es una forma concreta y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los vehículos motorizados”.

Del mismo modo, la diputada consideró que este un paso en la mejora de la calidad de vida de los mexicanos y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

De acuerdo con el INEGI, en 2018 se registraron un total de 365 mil 67 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, en los que 4 mil 227 personas perdieron la vida y 89 mil 119 resultaron heridas. 

El Índice de Movilidad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad refiere que en el país las ciudades están más diseñadas para los automóviles que para las personas, lo que deriva en caminos cada vez más largos para un parque vehicular mayor. 

Por este motivo, la reforma también considera que personas con discapacidad, peatones, ciclistas y transporte público sigan ocupando el puesto más importante dentro de la jerarquía vial, antes que los vehículos privados. 

En este sentido,  se requerirá destinar más recursos para hacer de las calles lugares seguras, mejorar las banquetas y pasos peatonales, tener transporte público digno, y construir infraestructura civil que facilite el acceso a movilidades más sustentables. 

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