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Desarrollo Urbano

SEDATU integra perspectiva de género en ciudades con la metodología CIUATL

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Históricamente la construcción del espacio público ha estado condicionada por las relaciones de poder, expresándose en asimetrías entre hombres y mujeres, pobres y ricos, lugareños y personas migrantes, entre otras. 

Para transformar las ciudades en espacios dignos, seguros y accesibles para todas las personas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), reconoce que las políticas territoriales tienen una gran deuda, principalmente con las mujeres, es por ello que enfatizan en que el territorio debe adoptar una perspectiva de género a través de la Metodología CIUATL: Auditorías Territoriales para la Evaluación y Transformación del Espacio Público con Perspectiva y Necesidades de las Mujeres.

De acuerdo con la SEDATU, son las mujeres que viven y transitan el espacio público quienes mejor conocen el estado en que se encuentra la infraestructura, cuáles son los elementos y las causas que las hacen sentir seguras o inseguras y cuáles son sus necesidades. También son  ellas quienes tienen las ideas de cómo se podrían mejorar sus barrios y ciudades, teniendo al gobierno como facilitador y catalizador de dichas soluciones.

CIUATL permite generar un diagnóstico a partir de la percepción y necesidad de las mujeres y, a la vez, integrar propuestas de intervención en el espacio público, desde colonias, calles, rutas de desplazamiento, parques, plazas u otros.

Al respecto la coordinadora de la estrategia Mujeres en el Territorio, Mabel Almaguer, comenta sobre la CIUATL, “Su objetivo es considerar todas las necesidades de las mujeres y sus recomendaciones, pues son ellas quienes conocen el espacio público, quienes lo trabajan y saben cuáles son sus necesidades. También la metodología considera la perspectiva interseccional pues se trabaja con grupos de mujeres indígenas, niñas, adultas mayores y con afromexicanas”. 

Actualmente, las calles y espacios públicos son percibidos como inseguros por la mayor parte de mujeres en el territorio mexicano (INEGI, 2016), además no cubre las necesidades de movilidad y habitabilidad de las mujeres en muchas de las zonas que recorren y viven. Es por eso que la metodología, alineada al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), busca evaluar y transformar el espacio público desde la perspectiva y necesidades de las mujeres, contemplando que las personas son el eje de la toma de decisiones para el mejoramiento en el acceso y ejercicio de los derechos humanos en el espacio público. 

 El espacio público se analiza en cuanto a percepción e infraestructura, a través de diversos instrumentos: grupos focales, caminatas, entrevistas, encuestas, entre otros. Todo ello, ofrece los elementos para generar un diagnóstico del espacio agrupados en 11 categorías:

  1. Diseño universal
  2.  Iluminación
  3. Señalética
  4. Mobiliario
  5. Movilidad
  6. Usos y equipamiento
  7. Espacios para el cuidado
  8. Áreas verdes
  9. Habitabilidad del espacio
  10. Olores, higiene, belleza y sonidos
  11. Seguridad. 

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Desarrollo Urbano

Diputados aprueban la movilidad segura, inclusiva y sostenible como derecho constitucional

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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 351 votos a favor, el proyecto de reformas en materia de movilidad y seguridad vial, con lo que se establece como derecho constitucional de las personas, la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

Lo anterior otorga la facultad al Congreso de la Unión, a expedir una ley general que armonice lo correspondiente a los dos campos mencionados, en concordancia con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Asimismo, amplía la capacidad de los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación de programas de desarrollo urbano, con el objetivo de atender los planes en materia de movilidad y seguridad vial. 

Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena, señaló que estas reformas dan “una oportunidad de colocar al ciudadano al centro de la actividad legislativa”.  Añadió que la garantía de un derecho en la Constitución, es un paso para mejorar la vida de las personas que enfrentan la mala calidad en el transporte público e incertidumbre al caminar, andar en bicicleta o transitar las carreteras. 

Por otro lado, subrayó que el presupuesto público en movilidad discrimina a los más vulnerables, ya que el 70% se destina a la población que tiene acceso a un vehículo particular y no a la mayoría de los habitantes que no lo tienen. 

“Este cambio, permitirá a los ciudadanos ejercer con plenitud sus derechos, garantizar la movilidad segura de las personas es una forma concreta y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los vehículos motorizados”.

Del mismo modo, la diputada consideró que este un paso en la mejora de la calidad de vida de los mexicanos y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

De acuerdo con el INEGI, en 2018 se registraron un total de 365 mil 67 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, en los que 4 mil 227 personas perdieron la vida y 89 mil 119 resultaron heridas. 

El Índice de Movilidad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad refiere que en el país las ciudades están más diseñadas para los automóviles que para las personas, lo que deriva en caminos cada vez más largos para un parque vehicular mayor. 

Por este motivo, la reforma también considera que personas con discapacidad, peatones, ciclistas y transporte público sigan ocupando el puesto más importante dentro de la jerarquía vial, antes que los vehículos privados. 

En este sentido,  se requerirá destinar más recursos para hacer de las calles lugares seguras, mejorar las banquetas y pasos peatonales, tener transporte público digno, y construir infraestructura civil que facilite el acceso a movilidades más sustentables. 

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