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Desarrollo Urbano

Vivienda abandonada y regeneración urbana

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La vivienda deshabitada en México es un fenómeno que ha llamado la atención de los analistas del sector, así como de diversas instituciones como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que recientemente ha puesto en marcha el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), el cual intervendrá 14 ciudades y cuya inversión asciende a 8 mil millones de pesos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) es otro interesado en el tema, ya que la mayor parte de los inmuebles abandonados corresponden a su cartera vencida.

De acuerdo con el Colegio de la Frontera Norte, entre las principales factores asociados a dicho fenómeno se encuentra la recesión económica global del año 2008, la política habitacional dirigida a fomentar la producción de vivienda nueva y su impacto en la sobreoferta; así como el incremento de la violencia en regiones del país, principalmente en la zona norte, donde se torna aún más complejo, ya que no sólo se observa vivienda desocupada sino también vandalizada. Estudios especializados han identificado que los altos niveles de abandono contribuye a la concentración de crímenes violentos, sobre todo homicidios.

Cabe mencionar, que justo en los estados del norte del país, es donde se localiza la proporción más grande de abandono, en parte, debido a la reforma política nacional de vivienda que impulsó la conexión entre el empleo asalariado y los créditos hipotecarios, razón por la cual recibieron el mayor número de créditos al contar con la proporción más alta de Población Económicamente Activa (PEA).

Otras de las causas que se han identificado en el abandono residencial es la falta de infraestructura, servicios y acceso adecuado a transporte; además de la pérdida de empleo, cambio de trabajo o migración.

En México el tema de la vivienda deshabitada captó la atención a partir del año 2000, cuando alcanzó una tasa de 16 por ciento, indicador alto en comparación con otros países de América Latina como Guatemala (11 %), Costa Rica (10 %) y Bolivia (4 %). Los últimos datos sobre el tema corresponden al XIII Censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que se realizó en el 2010, el cual arrojó que más de 500 mil casas estaban abandonadas o invadidas.

Provive, empresa enfocada en rehabilitar y vender vivienda abandonada, asegura que los conjuntos urbanos que han caído en una lógica de deterioro propician principalmente problemas como el abandono de vivienda, el daño patrimonial y la invasión de propiedades. Asimismo, en el ámbito social generan una falta de pertenencia, mayor inseguridad, indiferencia y depresión. En cuanto a los riesgos económicos que conllevan está la cartera vencida, adjudicaciones o pérdida patrimonial, lo que no permite el desarrollo de un mercado secundario. Mientras que en la parte ambiental provocan la formación de basureros clandestinos, plagas y focos de infección. En general un conjunto habitacional deteriorado significa una baja calidad de vida y un panorama desolador para las familias ante la pérdida del valor patrimonial.

Regeneración urbana y recuperación del entorno

En este contexto, la regeneración urbana y recuperación del entorno aparece como una solución, y tanto Sedatu como el Infonavit han insistido en que son las vías para abordar el fenómeno. El director general de Sedatu, Román Meyer Falcón, expresó en el marco de su informe de los primero 100 días que, el rescate de espacios públicos es una de las prioridades para fortalecer las comunidades a través del sano esparcimiento y convivencia pacífica.

Un ejemplo de la recuperación de espacios públicos que ha llevado a cabo el programa PMU de Sedatu, es el Parque las Huertas ubicado en Huajuapan de León en el estado de Oaxaca, donde se invirtió 2.5 millones de pesos para limpiar e iluminar el espacio y así beneficiar a 2 mil 140 personas.

Por su parte, para abordar el problema del abandono de vivienda el Infonavit ha anunciado un rediseño del modelo del instituto, ya que tan sólo en el 2018 perdió 245 millones de pesos en las diferentes subastas de vivienda deshabitada que tuvo que realizar. Carlos Martínez Velázquez, director general del organismo, comenta que se está trabajando para presentar en abril la Política Nacional de Recuperación de Vivienda, que considera en los casos más extremos la demolición de hogares erigidos en sitios incorrectos y con falta de infraestructura.

No obstante, la Alianza para la Regeneración Urbana (ARU) hace hincapié en que ambos conceptos van más allá de arreglar el aspecto físico de las comunidades y barrios, se trata de “buscar trastocar la esencia misma de las familias que habitan los sitios para cambiar la cara de las zonas que parecen sin esperanza”, lo cual remite a una reorganización de las relaciones sociales y de poder.

Por Xareni Xafra

Este es un fragmento del artículo VIVIENDA ABANDONADA Y REGENERACIÓN URBANA de la edición 113
http://inmobiliare.com/inmobiliare-113/

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Desarrollo Urbano

Diputados aprueban la movilidad segura, inclusiva y sostenible como derecho constitucional

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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 351 votos a favor, el proyecto de reformas en materia de movilidad y seguridad vial, con lo que se establece como derecho constitucional de las personas, la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

Lo anterior otorga la facultad al Congreso de la Unión, a expedir una ley general que armonice lo correspondiente a los dos campos mencionados, en concordancia con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Asimismo, amplía la capacidad de los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación de programas de desarrollo urbano, con el objetivo de atender los planes en materia de movilidad y seguridad vial. 

Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena, señaló que estas reformas dan “una oportunidad de colocar al ciudadano al centro de la actividad legislativa”.  Añadió que la garantía de un derecho en la Constitución, es un paso para mejorar la vida de las personas que enfrentan la mala calidad en el transporte público e incertidumbre al caminar, andar en bicicleta o transitar las carreteras. 

Por otro lado, subrayó que el presupuesto público en movilidad discrimina a los más vulnerables, ya que el 70% se destina a la población que tiene acceso a un vehículo particular y no a la mayoría de los habitantes que no lo tienen. 

“Este cambio, permitirá a los ciudadanos ejercer con plenitud sus derechos, garantizar la movilidad segura de las personas es una forma concreta y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los vehículos motorizados”.

Del mismo modo, la diputada consideró que este un paso en la mejora de la calidad de vida de los mexicanos y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

De acuerdo con el INEGI, en 2018 se registraron un total de 365 mil 67 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, en los que 4 mil 227 personas perdieron la vida y 89 mil 119 resultaron heridas. 

El Índice de Movilidad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad refiere que en el país las ciudades están más diseñadas para los automóviles que para las personas, lo que deriva en caminos cada vez más largos para un parque vehicular mayor. 

Por este motivo, la reforma también considera que personas con discapacidad, peatones, ciclistas y transporte público sigan ocupando el puesto más importante dentro de la jerarquía vial, antes que los vehículos privados. 

En este sentido,  se requerirá destinar más recursos para hacer de las calles lugares seguras, mejorar las banquetas y pasos peatonales, tener transporte público digno, y construir infraestructura civil que facilite el acceso a movilidades más sustentables. 

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