En México, se estima que una de cada cinco personas vive en un asentamiento irregular en condiciones de precariedad, sin embargo no existe una estadística precisa que muestre cuántos asentamientos irregulares hay, cuántas personas los habitan y en qué condiciones viven.
Ante esta situación, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y TECHO México llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración, el cual permitirá desarrollar una metodología que identificará con mayor precisión los asentamientos irregulares en condiciones de precariedad.
Con esta participación, se obtendrá una primera radiografía a partir de las encuestas de caracterización de hogares que realiza TECHO en siete estados del país, donde tiene presencia.
El director general del Insus, José Alfonso Iracheta Carroll, indicó que es importante la participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para construir dicha metodología y para que en un futuro cercano se traduzca en información estadística y geográfica que se genere de forma confiable, oportuna y sistemática.
Los productos que resultarán de esta alianza son dos guías metodológicas: una identificará los asentamientos irregulares; y la otra tendrá un enfoque en derechos humanos para acercar a las comunidades, barrios y colonias, como información sobre qué es la regularización y la importancia de tener un patrimonio.
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Emilia García Arteaga Molinar, directora general de TECHO México, comentó que esta colaboración representa el fortalecimiento del vínculo entre ciudadanos y proyectos de interés público.
Asimismo, señaló que la participación de las personas y voluntarios que viven en dichos asentamientos, es fundamental en este proceso, “este trabajo es esperanzador y sobre todo escuchar que las instituciones públicas como el Insus, tengan esta visión social y perspectiva del tercer sector”.
Esta colaboración marca, además, un antecedente para la ejecución de la sentencia de amparo interpuesta por TECHO México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que el INEGI aplique sus instrumentos estadísticos y censales a este sector de la población, lo que implica la formación de un frente por parte de las tres instituciones.