El grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) exigió al gobierno de Nuevo León revocar el decreto que permite construir viviendas alrededor de pedreras en el estado.
La propuesta busca eliminar el perímetro protegido alrededor de estas zonas y con ello ampliar el espacio para el desarrollo habitacional.
El diputado Roberto Farías García del PAN calificó la emisión de este decreto como un “madruguete”. Además, afirmó que fue realizado sin estudios técnicos ni consultas públicas.
“Sin duda, es un asunto de interés económico, no de desarrollo urbano ordenado, de desarrollo sustentable ni menos de protección a la salud. Prácticamente reduce al mínimo las zonas de amortiguamiento” señaló.
![viviendas alrededor de pedreras (3)](https://inmobiliare.com/cokrea/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Decisión debe tomarse con estudios técnicos
Farías García exigió frente al congreso legislativo que este tipo de decisiones no se tomen detrás de un escritorio, sino con estudios técnicos y una consulta popular.
El diputado pidió transparencia en el proceso, para dar un verdadero desarrollo sustentable a Nuevo León, y que no quede solo en papel.
Asimismo, recordó la lucha del ex Diputado fallecido Sergio Pérez para reubicar las pedreras, por lo que cuestionó la decisión del gobierno estatal.
“No solamente no se reubicó y controló a las pedreras, sino que ahora empeoran la situación al permitir futuros desarrollos habitacionales alrededor de estas empresas”, dijo.
Acuerdo sobre construcción de viviendas alrededor de pedreras
El Diario Oficial del Estado (DOE) publicó un acuerdo sobre una nueva delimitación geográfica para desarrollos inmobiliarios junto a los bancos de piedra. Esto a menos de tres semanas para concluir la administración de Jaime Rodríguez Calderón.
El documento está firmado por los secretarios de Gobierno, Enrique Torres, y de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital.
Por su parte, el diputado Raúl Lozano Caballero, del PVEM, presentó una propuesta de impugnación contra el acuerdo.
Esta prevé un plazo de 10 días para que la dirección jurídica del Legislativo analice el decreto y determine si hay elementos suficientes para dar cauce a la demanda.
“Este acuerdo lo hicieron a la mala y sin estudios que justifiquen la disminución de la zona de amortiguamiento y reserva. Además de que se brincaron toda la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano”, dijo al respecto.