Los propietarios ya no podrán depender del software de precios de renta para rastrear discretamente los movimientos de sus competidores y aumentar las rentas utilizando datos confidenciales, según un acuerdo entre RealPage Inc. y los fiscales federales.
El Departamento de Justicia anunció el acuerdo tras una demanda antimonopolio de un año contra la empresa de software con sede en Texas, iniciada durante la administración Biden. RealPage no tendrá que pagar daños ni admitir irregularidades, y el acuerdo debe ser aprobado por un juez.
Impacto en el mercado de vivienda
El software de RealPage proporciona recomendaciones diarias para ayudar a los propietarios a fijar el precio de sus apartamentos disponibles, aunque no están obligados a seguirlas. Los críticos argumentan que el software, al tener acceso a una gran cantidad de datos confidenciales, ayuda a que sus clientes cobren la renta más alta posible.
Reacciones de las autoridades
Gail Slater, jefa antimonopolio del DOJ, declaró que el acuerdo evita un juicio costoso y prolongado. Según el acuerdo, RealPage no podrá usar datos en tiempo real para determinar recomendaciones de precios; solo datos no públicos de al menos un año de antigüedad podrán ser utilizados.
“Esto significa más competencia real en los mercados de vivienda locales”, afirmó Slater.
Respuestas del sector
Stephen Weissman, abogado de RealPage, expresó que la empresa está satisfecha de haber trabajado con el DOJ para resolver el asunto, destacando que el uso histórico de datos anonimizados ha llevado a rentas más bajas y menos vacantes.
En los últimos meses, más de dos docenas de empresas de gestión inmobiliaria han llegado a acuerdos sobre su uso de RealPage, incluyendo Greystar, que acordó pagar $50 millones para resolver una demanda colectiva.
Regulaciones estatales y locales
Los gobernadores de California y Nueva York han firmado leyes para restringir el uso de software de fijación de rentas, y ciudades como Filadelfia y Seattle han aprobado ordenanzas similares. Diez estados se unieron a la demanda antimonopolio del DOJ, aunque no formaron parte del acuerdo del lunes.