La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 6.8 millones de avisos antilavado durante los primeros cinco meses del año.
Más de 286 mil de esos reportes corresponden al sector inmobiliario, lo que confirma el peso de la industria en la agenda de prevención de lavado de dinero en México.
El peso del sector inmobiliario en los avisos antilavado
Dentro del universo de avisos que llegan a la UIF, el sector inmobiliario aparece en varias categorías reguladas. 
En la lámina destacan, por actividad:
- Desarrollo inmobiliario y transmisión de derechos sobre bienes inmuebles: 70,293 avisos.
- Derechos personales de uso o goce de inmuebles (renta, arrendamiento, usufructo y figuras similares): 141,752 avisos.
A esto se suman otras operaciones relacionadas de forma indirecta, como mutuos, préstamos o créditos, servicios profesionales y fe pública, donde notarios, corredores y asesores participan en cierres de transacciones inmobiliarias.
La cifra de más de 286 mil avisos antilavado vinculados a real estate no significa que todos sean operaciones irregulares.
Lo que refleja es volumen, riesgo percibido y el nivel de escrutinio que la autoridad está imponiendo sobre compra, venta, financiamiento y uso de inmuebles.
Activos virtuales, efectivo y tarjetas: los otros focos rojos
El gráfico también muestra dónde está concentrado el resto del riesgo reportado al sistema financiero:
- Operaciones con activos virtuales: 3,154,486 avisos, el número más alto del listado.
- Tarjetas de servicio o crédito, prepagadas, vales, cupones y monederos: 1,141,011 avisos.
- Traslado o custodia de dinero o valores: 952,597 avisos.
- Vehículos aéreos, marítimos o terrestres: 477,054 avisos.
Estos segmentos conviven con el inmobiliario en los portafolios de muchos inversionistas y familias empresarias.
Para la autoridad, el mapa es claro: donde se mezclan alto valor de activos, posibilidad de fraccionar operaciones y estructuras complejas, la obligación de reportar se vuelve prioritaria.
Qué implica para desarrolladores, inversionistas y notarios
Para los jugadores del sector, el mensaje es directo:
Desarrolladores y fondos deben revisar de forma crítica sus procesos de origen de recursos, debida diligencia de clientes y estructura de pagos.
Las áreas de finanzas y jurídico ya no pueden ver los avisos antilavado como trámite, sino como parte del modelo de riesgo del negocio.
Brókers inmobiliarios, comercializadoras y property managers también están dentro del radar.
El manejo de rentas, preventas, apartados y esquemas de pago en efectivo o a través de intermediarios es un punto de fricción regulatoria si no existe documentación robusta y trazabilidad.
Notarios y fedatarios, por su lado, concentran una parte clave de la información que nutre a la UIF.
El tipo de cliente, el historial transaccional, la estructura de las partes y el uso del inmueble se vuelven variables sensibles al momento de protocolizar operaciones.
Agenda regulatoria: cumplimiento como ventaja competitiva
El nivel de avisos antilavado del sector inmobiliario anticipa una presión regulatoria creciente.
En la práctica, esto se puede traducir en:
- Más requerimientos de información y auditorías selectivas a sujetos obligados.
- Mayores sanciones por incumplimiento en reportes, umbrales y plazos.
- Expectativas más altas de gobierno corporativo y trazabilidad en vehículos de inversión inmobiliaria.
Para los jugadores institucionales, el cumplimiento profundo en materia antilavado puede convertirse en ventaja competitiva.
Un desarrollador, fondo o plataforma que documenta de forma impecable el origen de recursos y el perfil de sus clientes tiene más probabilidades de acceder a banca, inversionistas globales y capital institucional.
En un entorno donde activos virtuales, efectivo y tarjetas concentran millones de avisos, el sector inmobiliario no puede darse el lujo de operar con procesos débiles.
Los más de 286 mil reportes enviados a la UIF en apenas cinco meses son una señal: el negocio inmobiliario está en el centro del tablero de cumplimiento y supervisión en México.
