“Infraestructura con Propósito” (Infrastructure for Good) es un concepto que enfatiza el rol de infraestructura más allá del costo-beneficio tradicional, orientándola hacia un impacto social, ambiental y económico positivo, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta lectura se desprende del reporte Infraestructura con Propósito de Deloitte, que plantea que la inversión histórica en infraestructura en la región ha sido insuficiente y, en muchos casos, no atiende integralmente las necesidades actuales de la sociedad.
Por qué la infraestructura tradicional no basta
Latinoamérica ha invertido históricamente alrededor de 2.5 %-3 % del PIB anual en infraestructura, cifra que está por debajo de economías avanzadas (OCDE ~4 % y países en Asia en desarrollo hasta ~7 % del PIB).
Este nivel de inversión no ha sido suficiente para cerrar brechas relevantes en servicios básicos como:
- Transporte seguro y eficiente.
- Agua potable y saneamiento para comunidades rurales y urbanas.
- Conectividad digital / banda ancha.
- Energía limpia y resiliente frente al cambio climático.
El reporte documenta que, sin un cambio de enfoque, Latinoamérica podría tardar décadas en equiparar su infraestructura a estándares internacionales.
¿Qué significa “Infraestructura con Propósito”?
El enfoque de Infrastructure for Good implica:
- Integrar criterios sociales, ambientales, de gobernanza y económicos desde la concepción del proyecto, no como añadidos posteriores.
- Diseñar infraestructura sostenible e inclusiva —infraestructura que maximiza beneficios comunitarios, minimiza daños ecológicos y está alineada con estándares internacionales de resiliencia—.
- Alinear proyectos con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con métricas de impacto medibles.
- Promover modelos de gobernanza robustos que aseguren transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Este cambio conceptual implica abandonar la visión de infraestructura meramente física (carreteras, puentes, líneas de transmisión) para concebir proyectos como servicios públicos con propósito social y ambiental.
Tensiones actuales y brechas que enfrenta la región
Entre las brechas identificadas por el análisis de Deloitte están:
- Deterioro de infraestructura crítica (agua, transporte, energía) que reduce la competitividad y la calidad de vida.
- Saturación de sistemas públicos sin mantenimiento adecuado por falta de inversión y modelos eficientes.
- Desigualdad en acceso a servicios entre zonas urbanas y rurales.
- Vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, que expone la necesidad de incorporar resiliencia en el diseño.
- Déficit de infraestructura digital, que limita competitividad empresarial y social.
Este diagnóstico es consistente con estimaciones de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que proyectan que Latinoamérica necesitará invertir alrededor de US$ 2.22 trillones hasta 2030 para cerrar brechas en sectores clave y alcanzar metas de desarrollo sostenible, lo que equivale a más del 3.1 % del PIB anual de la región.
Factores que impulsan el cambio hacia un enfoque con propósito
El reporte de Deloitte identifica varias fuerzas que impulsan la adopción de este modelo:
- Transición energética y descarbonización: expandir energías limpias y redes inteligentes.
- Urbanización y movilidad sostenible: ciudades más densas demandan transporte público eficiente y diseño urbano resiliente.
- Digitalización e infraestructura digital: ampliar banda ancha y conectividad como servicio esencial.
- Cambio climático y resiliencia: infraestructura diseñada para mitigar y adaptarse a eventos extremos.
- Regulaciones ASG y marcos de gobernanza: creciente presión en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
- Innovación tecnológica (“InfraTech”): uso de IoT, Big Data y IA para monitoreo y mantenimiento predictivo.
Estos factores no solo responden a demandas sociales y ambientales, sino que también redefinen criterios de inversión al incorporar métricas de sostenibilidad, resiliencia y desempeño a largo plazo en la evaluación de proyectos.
Modelos de financiamiento y participación para atraer capital
Uno de los retos clave en Latinoamérica es movilizar capital suficiente y eficiente para cerrar la brecha de inversión. El reporte describe varios esquemas que han empezado a ganar tracción:
- Asociaciones Público-Privadas (APP): modelos donde el sector privado financia, construye y opera infraestructura con retornos estructurados en contratos a largo plazo, transfiriendo cierto riesgo desde el Estado al inversor.
- Contratos basados en resultados (“output-based”): pagos ligados a indicadores de disponibilidad o calidad de servicio, en lugar de solo construir.
- Financiamiento combinado (blended finance): mezcla de fondos públicos, capital privado y, en ocasiones, capital filantrópico para viabilizar proyectos con impacto social o ambiental.
- Bonos temáticos: emisiones como bonos verdes, bonos sociales o bonos sostenibles para financiar infraestructura ambiental o socialmente orientada.
- Garantías e instrumentos de mitigación de riesgo: mecanismos como seguros de ingreso mínimo o coberturas climáticas para aumentar la bancabilidad de proyectos.
El reporte señala que países de la región ya han avanzado en marcos normativos que habilitan algunos de estos mecanismos, incluidos marcos de economía circular y códigos de construcción que incorporan eficiencia energética y reducción de residuos.
Gobernanza y transparencia: pilares para la inversión sostenible
La infraestructura con propósito no solo exige financiamiento: requiere institucionalidad eficiente. El documento de Deloitte subraya que países que avanzan en políticas y marcos regulatorios que integran sostenibilidad y rendición de cuentas están mejor posicionados para atraer inversión.
Ejemplos citados (no exhaustivos) incluyen la adopción de marcos de infraestructura sostenible, leyes de economía circular, códigos de construcción verde y políticas de transparencia en contratación pública, lo que incrementa la confianza de inversionistas.
Implicaciones para México y el resto de Latinoamérica
Para inversionistas institucionales, desarrolladores y gestores de activos reales, el enfoque de Infraestructura con Propósito significa:
- Replantear underwriting tradicional: no basta evaluar rendimientos financieros; hay que medir impactos ambientales y sociales, y cómo estos influyen en el riesgo regulatorio y de operación a largo plazo.
- Diseñar proyectos que integren distancia logística, resiliencia climática y conectividad digital, criterios que ahora forman parte del riesgo de mercado.
- Alinear la inversión con políticas públicas que priorizan sostenibilidad y servicios accesibles, lo que puede reducir el riesgo de cambios regulatorios adversos.
- Aprovechar instrumentos financieros verdes y mecanismos de blended finance para atraer capital global que busca retornos alineados con criterios ASG.
Países como Chile, Colombia y México han empezado a incorporar marcos regulatorios que apoyan estos modelos, como códigos de construcción verde, leyes de economía circular y observatorios de infraestructura que monitorean transparencia y ejecución.
