América Latina enfrenta un desafío conocido: proyectos que prometen modernización pero que llegan como infraestructuras privadas con impactos públicos en agua, energía y territorio. La novedad es política, no técnica. La computación a gran escala solo existe gracias al estado, que otorga permisos, interconexiones de red, derechos de agua y licencias. Si esta intermediación se reduce a ‘atraer inversión’, la dependencia crece; si se organiza como una arquitectura de poder, la capacidad aumenta.
Chile: Jurisdicción sobre Recursos Críticos
Chile establece un precedente con el proyecto de centro de datos de Google en Santiago, que requirió intervención judicial para reevaluar el uso del agua equivalente al 24% del suministro municipal en una región con sequía excepcional. En 2024, el Segundo Tribunal Ambiental ordenó una nueva evaluación considerando los efectos del cambio climático. Google reestructurará el proyecto con enfriamiento por aire, demostrando jurisdicción efectiva sobre un recurso crítico.
Contraste con México
En México, Querétaro se ha convertido en el centro de datos del país, pero sin salvaguardas ambientales equivalentes. Esto subraya la importancia del poder público en la orientación del despliegue hacia un propósito público. 
Poder Público: Energía, Agua y Continuidad
Los gobiernos latinoamericanos controlan el acceso a la energía, pero falta trazabilidad horaria y adicionalidad verificable. La promesa de Google de operar con energía libre de carbono 24/7 para 2030 puede convertirse en condiciones de permiso vinculantes, respaldadas por auditorías independientes y sanciones automáticas.
Gobernanza del Agua
La gestión del agua incluye concesiones, evaluaciones de impacto ambiental y estándares de descarga. La UE ofrece un precedente con la Directiva de Eficiencia Energética revisada, que establece una obligación de reporte y una base de datos europea para el rendimiento de los centros de datos.
Continuidad y Competencia
El problema no es la privatización per se, sino el cierre producido por la integración vertical. La UE ha implementado el Acta de Datos que elimina los cargos por cambio de proveedor, proporcionando un derecho de salida sin costo.
Brasil y el Régimen REDATA
El régimen REDATA de Brasil busca acelerar la inversión a través de incentivos fiscales, pero sin reciprocidades estructurales puede aumentar la dependencia. La aceleración debe estar vinculada a la transferencia de tecnología y la capacitación pública.
Un enfoque de soberanía efectivo debe centrar la autoridad pública sobre la evidencia, obediencia y salida, y exigir transferencias tecnológicas reales. América Latina tiene ahora la oportunidad de establecer condiciones vinculantes mientras las grandes tecnológicas necesitan permisos y derechos de agua.
