El gobierno argentino anunció a través de un boletín oficial, las medidas que llevará a cabo para mitigar el impacto del virus COVID-19 en la economía de su población. Entre ellas, se encuentra congelar el valor y los pagos de alquiler, y cesar las acciones de desalojo durante seis meses.
Muchos trabajadores, comerciantes, profesionales y empresarios, han visto afectados sus ingresos debido a las estrategias de aislamiento que han mermado la actividad económica del país, por lo que les es difícil continuar con sus obligaciones para costear los gastos de salud, alimentación y vivienda.
Por esta razón, y con el fin evitar sanciones por incumplimiento de contratos arrendatarios, la Corte Suprema de Justicia Argentina, implementó una política que congela las cuotas de alquileres al valor de marzo, e impide los desalojos de inmuebles por falta de pago hasta el 30 de septiembre de 2020.
Asimismo, ya que la crisis sanitaria dificulta la posibilidad de buscar y hallar una vivienda nueva, la norma contempla la actualización de las prórrogas de vigencia en los acuerdos arrendatarios, por seis meses más.
Por otra parte, a los arrendadores que se encuentren en situación de vulnerabilidad por no recibir el pago de alquiler, tendrán acceso a restricciones del decreto para obtener acuerdos a conveniencia.
La norma será aplicada a inmuebles de vivienda urbana y rural, inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias, inmuebles que sirvan como consultorios, oficinas u otro espacio donde se desarrolle una profesión, y locales ocupados por pequeñas y medianas empresas.
Los pagos podrán reanudarse en octubre y ninguno estará sujeto al cobro de intereses.