Las denuncias por ocupación ilegal de inmuebles ha aumentado un 50% en España en los últimos cinco años; fenómeno que se ha agravado por la crisis derivada de la pandemia, sin embargo, no solo se produce por la necesidad de personas en apuros.
En el país europeo existen pseudo negocios dedicados a ocupar pisos, cambiar las cerraduras y vender las llaves a familias que necesitan un techo pero no disponen de medios para procurárselo. Este tipo de ofertas son públicas y se pueden encontrar con facilidad en internet y su precio ronda los 400 euros.
Ante esta situación, los propietarios de viviendas se ven indefensos y no saben cómo actuar. De acuerdo con el informe ‘El acceso a la vivienda en España: ¿qué hacer con el problema de la ocupación?’ del think tank académico Europa Ciudadana, casi la mitad del total de las denuncias interpuestas durante el primer semestre de 2020 se hicieron en Cataluña con un total de 3,611.
Por provincias, Barcelona es la que más ocupaciones ilegales registra sumando 17,465 casos en los últimos seis años, lo que representa una tasa de denuncias de 66,90% por cada 10,000 viviendas; seguida de Tarragona con 52,8%, Gerona 49,19% y Sevilla 41,82%.
Generalmente cuando ocurren este tipo de incidencias el propietario no contaba con medidas para prevenirlo y no sabe cómo actuar una vez ocupada la vivienda, más allá de la presentación de la denuncia una vez conocidos los hechos.
Aunque hoy en día existe la posibilidad de acudir a servicios privados especializados en la intermediación y desocupación de pisos ocupados ilegalmente, antes de verse en la situación de tener que recurrir a ellos, “es conveniente establecer medidas preventivas y un protocolo de actuación”, recomienda el mentor de inversores especializado en inversión inmobiliaria Pau Antó.
“Los imprevistos son parte del negocio inmobiliario”, reconoce el inversor, y entre ellos se encuentra el problema de la ocupación, un fenómeno que “en los últimos meses y con la crisis derivada de la pandemia está ocurriendo con más frecuencia” según admite.
A pesar de que la conducta de los “okupas” atenta contra el derecho de la propiedad, desalojarlos de una vivienda cuando ya se han instalado en ella no siempre resulta sencillo.
Si se trata de una vivienda habitual en la que el propietario está empadronado y reside, las autoridades actúan de acuerdo a la Ley desalojando la casa. Sin embargo, si la propiedad es una segunda vivienda, una herencia o una inversión, el proceso se complica.
En opinión de Antó, en estos casos “la ley ampara más al ‘okupa’ que al inversor inmobiliario, como propietario de ese inmueble”. Es por ello que es importante contar con un protocolo a seguir para evitar la ocupación, el cual presenta a continuación:
- Alarma. El protocolo comenzaría por instalar una alarma que avise cuando alguien pretende acceder a la propiedad. En este sentido, Antó recalca la importancia de entender bien quién estará al cargo de la alarma y recomienda optar por sistemas conectados directamente con la policía.
- Personas de guardia. En segundo lugar es imprescindible contar con personas a las que avisar si la alarma emite un aviso. “Si vives en una ciudad y tu segunda residencia está en una localidad distinta, tú no eres la persona de guardia porque no puedes llegar a tiempo si entran en la casa. Actuar con rapidez y agilidad es clave”, explica el inversor. En este caso, el propietario debería contar con una persona de confianza, que podría ser un vecino, un amigo, una agencia inmobiliaria o un despacho.
- Llamar a la policía. Cuando suena la alarma de la vivienda, la persona designada debería acudir inmediatamente a la propiedad y llamar a la policía mientras va de camino. “No tenemos ni idea de lo que nos vamos encontrar allí. Puede ser una familia que por necesidad pretende ocupar la casa o puede ser una mafia”, concreta el especialista.
- Documentar los hechos. Una vez en el lugar, lo primero que habría que hacer es documentar el proceso de ocupación para disponer de material que se pueda presentar ante la autoridad competente, habitualmente la policía. Se trata generalmente de fotos y vídeos que prueban que se ha producido un acceso a la vivienda de forma ilegal, generalmente forzando o rompiendo puertas o ventanas.
- Acreditar la propiedad. Es fundamental disponer siempre de los documentos que acrediten la propiedad del inmueble en formato digital y accesibles desde cualquier dispositivo. “Si la persona que acude es un amigo o alguien de confianza, puede presentar también un poder notarial o una autorización similar, la cuestión es facilitar el proceso para que la policía pueda actuar con rapidez”.
- Presentar una denuncia. Puede ocurrir que los okupas se marchen y “muchas personas creen que en ese momento acaba todo, pero realmente no es así”. Entonces llega el momento de presentar una denuncia formal para dar fe de lo que ha ocurrido, presentando las pruebas de la alarma, los vídeos y fotos que se hayan podido realizar, además del acta de la policía si se dispone de ella. De esta manera, “hacemos constar oficialmente que ha habido un intento de ocupación en una fecha y hora concretas, incluyendo los destrozos ocasionados, como suelen ser roturas de ventanas, persianas y puertas. Esto es importante ya que las personas que lo han hecho pueden volver a intentar hacer la ocupación al cabo de unas horas o días”.