El reloj sigue su curso y la Ciudad de México debe tener una constitución a más tardar el 31 de diciembre del 2017. Ésta podría ser la última oportunidad para reformar y adecuar el marco normativo integral, a las necesidades contemporáneas del desarrollo de la ciudad.
El pasado 5 de junio, en la jornada electoral para elegir a quienes redactarán la Constitución de la Ciudad de México pasó lo que se esperaba, los dos grandes ganadores de la elección fueron: la apatía y el abstencionismo.
Mucho se ha escrito sobre las causas de ese resultado: un proceso que inicia con el pie izquierdo por la designación directa de 40 de los 100 constituyentes; la integración de listas de candidatos de partidos en donde se privilegiaron “popularidad” y cuotas internas; campañas tradicionales que nunca explicaron las propuestas de los contendientes, ni convencieron a la ciudadanía sobre la importancia del proceso; y por supuesto, la burda confabulación de políticos y partidos para impedir la participación de ciudadanos independientes. El resultado final, una Asamblea Constituyente en donde muchos de sus 100 integrantes son “los políticos de siempre”, con mayoría del PRD y Morena.
Última llamada para la CDMX
Pero el reloj sigue su curso y la Ciudad de México debe tener una constitución a más tardar el 31 de diciembre del 2017. Ésta podría ser la última oportunidad para reformar y adecuar el marco normativo integral, a las necesidades contemporáneas del desarrollo de la ciudad. Muy poco se sabe del contenido de la propuesta de Constitución que por mandato de ley elabora el Grupo Redactor –que en realidad son dos, por parte del Jefe de Gobierno, y varios más por cada partido o agrupación con intereses legítimos en el tema- pero si lo que vivimos en el período de campaña se replica en las sesiones del Constituyente, todo indica que será muy difícil alcanzar acuerdos y consensos sobre lo que será la Constitución.
Parálisis crónica
Para el desarrollo urbano y económico de la ciudad, el momento no podría ser más delicado. La Ley y el Programa General de Desarrollo Urbano se encuentra en discusión en el CONDUSE (Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable); la aplicación de la norma para la producción de vivienda social fue suspendida hace ya prácticamente dos años, sin que se alcancen los acuerdos necesarios para la expedición de una nueva que la sustituya; y los nuevos proyectos urbanos e instrumentos de planeación estratégica y desarrollo económico son cuestionados por la oposición al gobierno de la ciudad y un sector de la población.
En un entorno económico en donde a la administración de la ciudad ya no le alcanzan los recursos que recauda para financiar la construcción de infraestructura y equipamiento social, la falta de acuerdo político sobre las características de la Constitución podría incluso ocasionar un período de congelamiento en las discusiones en curso para la urgente renovación del marco normativo vigente, metiendo a la ciudad en una especie de parálisis de desarrollo que solo deterioraría sus finanzas y afectaría la calidad de vida en general.
El beneficio de la duda
Me parece, sin embargo, que la poca legitimidad que la escasa votación le confiere a los constituyentes los obliga también a comprometerse más con su responsabilidad, en un ejercicio que tendrá también más transparencia, pues lo que sigue siendo vigente es que ésta es la gran oportunidad de la Ciudad de México para lograr el nuevo pacto social que le dé viabilidad. Esa es la tarea que los constituyentes asumen.
Todos los actores del desarrollo: profesionales, gremiales, empresariales, sociales e institucionales estamos obligados a participar y apoyar. Se trata de incluir en la Constitución la obligatoriedad de la planeación integral, de garantizar la gestión transparente del desarrollo y de incorporar nuevos mecanismos de aprovechamiento del valor mismo de la ciudad, para garantizar que el desarrollo económico pueda financiar su desarrollo social, en un escenario de sustentabilidad.
Es indispensable que la Constitución de la Ciudad de México consolide y fortalezca muchos temas: Derechos humanos; democracia plena; rendición de cuentas y revocación de mandato; políticas públicas con orientación social; administración eficaz y transparente; instrumentos de participación social, entre muchos otros. Pero la viabilidad de la Ciudad de México y la calidad de vida de su población depende de un proyecto integral mucho mayor: claro, objetivo, de largo plazo y gran consenso social, que integre la planeación territorial y económica de la ciudad con los derechos y las necesidades básicas de sus habitantes.
Por Arturo Aispuro C.
Presidente AIM-Soldi
cafeconpikete@gmail.com
