En su artículo cuarto, la Constitución Política de los Estados Unidos establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” asegurando que “la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Bajo esta lógica cada nueva administración federal llega con una Política Nacional de Vivienda. En las administraciones previas a la actual, la idea que de desarrollar un modelo de suburbio mexicano provocó, entre el año 2000 a 2012, la migración de cerca de 20 millones de personas a la periferia urbana.
Entre el año 2001 y 2012 se calcula fueron construidas alrededor de siete millones de viviendas gracias a la inversión de capital privado, gubernamental y organismos
internacionales, tan sólo el Banco Mundial –BM– y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– aportaron alrededor de dos mil 800 millones de dólares para este proyecto.
Con enormes expectativas alrededor, el proyecto es quizás, uno de los grandes fracasos y lecciones para todos los involucrados. Entre proyectos inconclusos o llevados a mal término, tan sólo en Ensenada y Tijuana se calcula que 300 mil personas resultaron afectadas pues habitan en complejos inconclusos, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos –OCDE– ha estimado en medio millón las viviendas
abandonadas por una mala planeación y funcionamiento.
Dejando atrás el proyecto de complejos habitacionales a las afueras de las grandes ciudades, la administración actual -y saliente- planteó una Nueva Política Nacional de Vivienda enfocada en la vivienda vertical. Así, los departamentos son hoy la forma en que se construye vivienda en México.
Por Lamudi
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