El Gobierno español aprobó la Nueva Ley de Vivienda (NLV), que permitirá limitar el precio de los alquileres en zonas tensionada (colonias de alta demanda con altos precios).
La NLV otorgará descuentos de carácter urbanístico o fiscal a los dueños de viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector, a cambio de destinarlas a residencia habitual en régimen de alquiler o de cualquier otra fórmula de tenencia temporal, para personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado.
Asimismo, penalizará a los propietarios que dejen viviendas vacías y obligará a informar a las personas amenazadas de expulsión la fecha y hora exactas en las que deben abandonar el inmueble.
El ejecutivo presentó el texto como “la primera ley de vivienda en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco”. Cabe señalar que las Cortes Generales dieron el visto bueno con 134 votos sobre 252 y la declararon como “procedimiento de urgencia nacional”.
Al respecto, Pedro Sánchez Castejón, presidente de España, celebró que hoy, tener un hogar deja de ser un lujo y se convierte en un derecho nacional.
Hemos aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia.
Con eso se justificaría toda una legislatura. En esa ley se condensa todo lo que representa el @PSOE cuando gobierna.
Convertimos la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar. pic.twitter.com/XpKrNqLYvq
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 17, 2023
Ley de Vivienda de España fomentará un mercado de precios variados
La NLV forma parte de las reformas que el país prometió a Bruselas a cambio de fondos del megaplan europeo de recuperación económica postcovid.
En ellas, se especifica que España asistirá a las personas que no pueden pagar un inmueble, limitando la especulación inmobiliaria. Además, debe de manera obligatoria impulsar una oferta variada en las zonas de alta demanda.
De lograrse, se espera desacoplar los aumentos de los alquileres del índice de precios al consumo y poner un tope de 3% en el 2024, antes de fijar un nuevo índice para el 2025.
Otro punto a favor es que otorgará a las autoridades regionales el poder de designar zonas como “tensionadas”, donde las personas son desplazadas por los altos precios, para regular los alquileres.
Esta ley suscitó fuertes críticas de las asociaciones de propietarios, quienes temen una disminución de la oferta de vivienda.