El 17 de octubre de 2025 se volvió una fecha clave para el negocio de la energía en México. Ese día, la Secretaría de Energía publicó las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) en materia de Planeación Vinculante del Sector Eléctrico, y con ellas cambió el criterio con el que se leen, diseñan y autorizan los proyectos de generación.

Hasta ahora el regulador analizaba los permisos casi como piezas sueltas: cada planta por su lado. Con las DACG, cualquier proyecto nuevo tendrá que demostrar su contribución al equilibrio operativo, la confiabilidad y la eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La lógica dejó de ser “cuántos megawatts sumas” y pasó a ser “qué valor sistémico agregas”.

En la práctica, el nuevo marco funciona como un filtro o “semáforo energético”. Los proyectos que integren sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), que mejoren la calidad del suministro o que acrediten una aportación concreta a la eficiencia y flexibilidad del SEN tendrán prioridad dentro de la planeación vinculante. La señal al mercado es directa: la inversión privada debe alinearse con las necesidades reales del sistema, no solo con el modelo financiero del desarrollador.

Como resume Paulina Beck, General Counsel de Energía Real:

“Ya no se trata de quién instala más megawatts, sino de quién instala valor. La prioridad ahora es la flexibilidad, la calidad y la capacidad de reducir los costos operativos del sistema a largo plazo”.

Qué cambia para la generación privada

Para los generadores privados, el tablero se redefine. Quienes trabajan con generación distribuida, almacenamiento en baterías y gestión inteligente de la demanda quedan bien posicionados para convertirse en soporte técnico del sistema: ayudan a balancear cargas, suavizar picos, evitar congestión y reducir costos.

La prevalencia del 54 % para CFE se vuelve el marco político de fondo, pero no cancela la participación privada. Más bien, obliga a la complementariedad: CFE como columna vertebral de generación y transmisión; el sector privado como capa de flexibilidad, innovación tecnológica y soluciones hechas a la medida del SEN y de los grandes usuarios.

Para industria, parques industriales, data centers, portafolios inmobiliarios, retail y edificios corporativos, el mensaje es el mismo:

la energía que consuman tendrá que ser cada vez más limpia, flexible y gestionada, no solo “barata”.

Quien incorpore esquemas con solar onsite o near-site, BESS y plataformas de gestión avanzada no solo reduce su factura eléctrica; se alinea con la nueva forma en que el regulador ordena el sistema, con ventajas competitivas en costo, continuidad operativa y trazabilidad ESG.

El componente social deja de ser discurso

Las DACG también mueven una ficha clave: la Justicia Energética entra al diseño financiero del proyecto. Cada central deberá presentar un Plan de Gestión Social y destinar recursos equivalentes a 0.5 % del CAPEX a acciones de bienestar en las comunidades de influencia, bajo criterios definidos por SENER.

Eso cambia la conversación:

El componente social deja de ser un “nice to have” que se improvisa al final.
Se vuelve requisito estructural: exige planeación, presupuesto y métricas.
Conecta la transición energética con beneficios tangibles en territorio: empleo, infraestructura local, programas comunitarios, desarrollo productivo.

Como señala la experta de Energía Real, el mensaje es claro:

“El componente social ya no es solo teoría, ahora es un factor presupuestal obligatorio. No puede haber transición energética si no se traduce en bienestar real para las comunidades donde operamos”.

Para inversionistas institucionales, fondos de infraestructura, FIBRAs y vehículos inmobiliarios, esto se alinea con la presión regulatoria y de mercado sobre criterios ESG: el cumplimiento deja de depender solo del activo y se extiende al impacto social documentado del proyecto energético que los abastece.

Claves para industria y real estate

Visto desde Inmobiliare Capital, las DACG tienen efectos directos en el ecosistema de inversión:

Parques industriales y naves logísticas: Los activos que integren soluciones de generación distribuida con BESS y contratos diseñados conforme al nuevo marco serán más atractivos para inquilinos globales que exigen energía renovable, resiliente y trazable.
Portafolios inmobiliarios corporativos y comerciales: Centros comerciales, oficinas, hospitales, hoteles y usos mixtos podrán utilizar esquemas de energía como servicio (EaaS) y modelos de almacenamiento para estabilizar costos, reducir riesgos de interrupciones y mejorar su narrativa ESG frente a inversionistas y arrendatarios.
Desarrolladores con pipeline greenfield: Quien planifique nuevos parques, campuses corporativos o hubs logísticos tendrá que leer el mapa energético desde el inicio: ubicación, capacidad de red, posibilidad de integrar BESS y peso del componente social en la modelación del proyecto.

En el fondo, las DACG empujan hacia una sola dirección:

la energía deja de ser una “commodity silenciosa” y se vuelve un eje estratégico del modelo de negocio inmobiliario e industrial.