Con el número de expediente 1216/2022, un juez admitió la ampliación de la demanda que Greenpeace México llevó a cabo el pasado viernes 29 de julio en contra del Tramo 5 del Tren Maya.
La Organización No Gubernamental (ONG) argumentó que la autorización recaída en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) del proyecto ferroviario es inconstitucional.
En este sentido, aseguró que el estudio presentado por las autoridades federales menoscaba los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales.
Estos últimos están reconocidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú.
“Nuestro interés es proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Desde Greenpeace México tenemos casi 30 años luchando por la salvaguarda de la biodiversidad, por lo que nuestra demanda de amparo busca que las leyes en la materia avancen de manera progresiva”, declaró Viridiana Lázaro, campañista de la ONG.
Además, destacó que el Acuerdo de Escazú fue un enorme avance para los países firmantes tras la lucha medioambiental de décadas, por lo que debe implementarse correctamente.
Greenpeace pide restauración de ecosistemas comprometidos por el Tren Maya
La ampliación del amparo de Greenpeace en contra del tramo 5 del Tren Maya solicita al juez que, al menos, se dicten ciertas medidas de reparación para “salvaguardar los derechos humanos”.
En primer lugar solicita que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas reclamadas: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento.
También se dirige al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión para que ajuste el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Finalmente, Greenpeace espera que se ordenen medidas de restauración o remediación de los ecosistemas comprometidos por la autorización del MIA-R del tramo 5 del Tren Maya.
“Este amparo busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro”, concluyó Luis Miguel Cano, asesor legal de la organización.
