Infonavit vigilará que las viviendas se construyan a no más de dos kilómetros de escuelas y espacios públicos, como centros de abasto, parques y vías principales. Para el caso de secundarias y centros de salud, será de dos kilómetros y medio.
El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y reducir sus tiempos de traslado a centros laborales, recreativos y de servicios.
Además, asegurará la adquisición de vivienda en zonas con equipamientos y contribuir al desarrollo de ciudades más compactas.
Aspectos que evaluará el Infonavit
El Consejo de Administración del Infonavit; integrado por el sector empresarial, obrero y de gobierno; aprobó nuevas Reglas de Carácter General para el otorgamiento de crédito hipotecario. En estas se prioriza el cumplimiento del Programa Nacional de Vivienda.
A partir de mayo de 2022, los financiamientos para la adquisición de vivienda o suelo deberán ser destinados a bienes que cumplan con los criterios de:
- Ubicación
- Entorno de la vivienda
- Suelo destinado a casa-habitación;
- Movilidad adecuada
- Acción colectiva en mantenimiento
- Operación en desarrollos habitacionales de traza urbana cerrada.
- Evaluación de los tiempos de traslado máximos.
La vivienda deberá estar en una zona que cumpla con los criterios de densidad de empleo establecidos en las Reglas de Carácter General. Esto, con el fin de mantener la relación de la cantidad de fuentes de trabajo por hectárea en una localidad.
Respecto a la movilidad, se evalúa el acceso y tiempos de traslado entre el inmueble y las escuelas, centros de trabajo y zonas de interés. Se establecen tiempos máximos de 30 minutos de caminata, 20 en bicicleta o 45 en transporte público.
En el caso de los desarrollos de “traza urbana cerrada” (aquellos en los que las viviendas, calles, plazas y parques internos se encuentran desconectados del entramado urbano), el Infonavit deberá constatar que estén sujetos a algún esquema formal de acción colectiva para mantenimiento y operación de áreas de uso común.
Finalmente, los constructores deberán asumir los gastos de mantenimiento hasta que exista la participación suficiente de propietarios del desarrollo habitacional.