La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) implementó una orden de aprehensión en contra de Luis Vizcaíno por su supuesto vínculo con el denominado “Cártel inmobiliario de la Benito Juárez”.
Dicha organización es acusada de enriquecimiento ilícito a través de posibles extorsiones e intercambios de favores al margen de la ley.
El implicado fue director general de Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, en el periodo comprendido del 2009 al 2016, y es militante del Partido Acción Nacional (PAN).
Ulises Lara López, vocero de la FGJ de la CDMX, indicó que el exfuncionario fue ubicado en inmediaciones de la colonia Del Valle. Posteriormente, fue puesto a disposición del juez que lo requirió en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Como parte del operativo, las autoridades también llevaron a cabo cateos en 39 inmuebles vinculados a la organización. Los cuales ya se encuentran bajo resguardo del Ministerio Público, con la finalidad de recuperar el recurso económico.
Adicionalmente, la Policía de Investigación ha ordenado la aprehensión de Nicias Aridjis. Se trata de otro ex servidor público, quien se desempeñó de 2006 a 2018 como el director general de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación, y posible líder del Cártel inmobiliario.
Así opera el Cártel inmobiliario en la CDMX
De acuerdo con la FGJ, el Cártel inmobiliario de la Benito Juárez estableció un esquema de enriquecimiento en la CDMX basado en el intercambio de favores.
Esto se logró gracias a los cargos públicos de los implicados, quienes mantenían colusiones fuera de la Ley con constructoras y desarrollos inmobiliarios. Tan solo de 2017 a 2021, de manera posiblemente irregular, se autorizaron más de 1,000 manifestaciones para obras nuevas.
Otro indicio que incitó la investigación de la Fiscalía fue que, en agosto de 2021, tras la explosión de un inmueble ubicado en la avenida Coyoacán, se encontró que el edificio recibió el dictamen de habitabilidad durante la gestión de Aridjis.
“Las indagatorias permitieron establecer que posee un par de departamentos en el lugar. Mismos que pudieron haberle sido entregados como contraprestación a cambio de las facilidades”.
También se sospecha que incurriría en un conflicto de interés al ser poseedor de diversas compañías del ramo de la construcción.
Por otro lado, Vizcaíno es sospechoso por favorecer y obedecer a presiones de las empresas constructoras para realizar de forma violenta desalojos y sin diálogo de por medio.
También se le vincula con posibles extorsiones a empresarios. Como la ocurrida en 2015, año en que supuestamente obtuvo 90 mil pesos a cambio de permitir la realización de una carrera deportiva en la demarcación. Por lo cual fue investigado por la Comisión Anticorrupción del partido político en que milita.
Se tiene conocimiento de que ambos involucrados son copropietarios, entre otros inmuebles, de un edificio cuyo valor comercial superaría los 30 millones de pesos.
Según las indagaciones, Aridjis adquirió la propiedad en 2011 a un precio muy por debajo del mercado. Posteriormente, en 2014, vendió a Vizcaíno el 50% por un monto de 1.4 millones de pesos.
El origen de la construcción desmedida en la Benito Juárez
Fuentes abiertas, consultadas por la FGJ, arrojaron que tan solo en 2017, se entregaron 412 manifestaciones de construcción en la alcaldía Benito Juárez. De las cuales 378 fueron para obras nuevas. Mientras que, en 2018, se autorizaron 274 más.
“Sin embargo, medios periodísticos han reportado que la información proporcionada no era secuencial y que en total faltaron 282 manifestaciones. (…) Las investigaciones de esta Fiscalía señalan que (Nicias Aridjis) posiblemente fue el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la demarcación”.
Asimismo, el supuesto líder del Cártel inmobiliario autorizó la habitabilidad de uno de los edificios afectados durante el sismo de 2017, ubicado en la avenida Emiliano Zapata de la CDMX.
Bajo su cargo de director general de Obras de la Benito Juárez consideró que la propiedad cumplía con todas las disposiciones legales. Pero, colapsó nueve meses después de haber sido inaugurado.
“Dada la compleja red creada para el otorgamiento de permisos para la construcción de departamentos, se investiga a varios ex servidores públicos de la demarcación que en su momento daremos a conocer conforme lo permitan las investigaciones”, concluyó Lara López.
