Las empresas inmobiliarias fantasmas en Puebla centran gran parte de su modus operandi en estafas de arrendamiento, principalmente la renta para estudiantes, señaló Alejandro Muñoz, presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

De acuerdo con el ejecutivo, este problema aumenta cuando se acerca el periodo de actividades educativas, sobre todo de las universidades.

“Los estudiantes llegan y rentan por redes sociales, dan su anticipo y cuando vienen ya no hay departamento y la inmobiliaria tampoco está”, detalló.

Indicó que, al cierre de 2023, se registraron más de dos mil fraudes en el sector, sumando, renta, venta y administración. Como recomendación, Muñoz aconseja no dar anticipo a intermediarios y acercarse a firmas certificadas como la AMPI.

Destacó que en Puebla, ocho de cada 10 empresas inmobiliarias son fantasmas, es decir, no cuentan con registro ni cumplen con los requisitos para operar.

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Al cierre de 2023, se registraron más de dos mil fraudes en el sector, sumando, renta, venta y administración.
FOTO: ORVE

AMPI solicita regular empresas inmobiliarias “fantasmas”

En este contexto, Muñoz remarcó la urgencia de trabajar en conjunto con las autoridades para solucionar el problema de los asesores informales, pues es un factor que incrementa las estafas en la compraventa de inmuebles.

Remarcó que esta situación va en aumento y afecta a más de una decena de poblanos e inversionistas foráneos por cada operación. Además, aseguró que esta mala práctica seguirá mientras el Gobierno y la sociedad organizada no realicen la sinergia necesaria.

Como ejemplo, recordó que la Ley Inmobiliaria fue presentada ante el Congreso en febrero y ya se encuentra en Comisiones, esperando su aprobación. De firmarse, Puebla será el estado número 24 en tener una legislatura en servicios de este tipo.

Por su parte, Francisco Naif, presidente de la AMPI San Luis Potosí, añadió que los agentes informales son difíciles de rastrear pues, al no dedicarse por completo a esa actividad, pueden desaparecer por varios meses.

Su localización se complica porque no cuentan con domicilio fiscal que sea posible de rastrear en caso de un presunto delito”.