Uno de los principales retos a partir de la contingencia sanitaria, fue cubrir los pagos relacionados con el hogar. La pérdida del empleo, disminución de los ingresos, problemas de salud o el deceso de algún familiar por complicaciones de Covid-19; fueron factores que exacerbaron una problemática con la que México se ha enfrentado desde hace años: garantizar el derecho a una vivienda digna.

En marzo y abril de 2020, la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL); junto con 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, Movimiento Urbano Popular y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IISUNAM), realizó un sondeo sobre condiciones habitacionales en CDMX y su zona metropolitana.

Se encontró que 55% de las personas entrevistadas han sufrido dificultades para cubrir el arrendamiento o la hipoteca de sus propiedades. Además, 32% tuvo que mudarse (18% lo hizo dentro de la capital y 14% al Edomex u otra entidad). Mientras que, en el momento del sondeo, el 29% vivía con amigos o familiares.

“El deterioro de las actuales soluciones habitacionales, reflejo del empeoramiento de las condiciones de vida debido a la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, queda claro si se consideran los hallazgos”, explica el informe.

Lo anterior se puede corroborar al observar que los participantes revelaron que, después de marzo de 2020, hubo una disminución en las casas que contaban con el espacio para cocina, comedor y dormitorio (8, 7 y 4 puntos porcentuales, respectivamente). También se redujeron los servicios de Internet, sanitario exclusivo, recolección de basura y alumbrado público.

A pesar de las señales de recuperación en la economía mexicana, el panorama aún es incierto, con una tasa de desocupación de 3.7% en noviembre de 2021, lo que representa 15.6 millones de personas en desempleo; un nivel superior a lo registrado pre pandemia, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Al respecto, el gobierno capitalino ha lanzado algunas líneas de acción. Una de ellas es el programa “Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social para pago de Renta, ejercicio 2022” del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Este mecanismo busca “salvaguardar la integridad física de las familias”.

En especial, va dirigido a la población de bajos o muy bajos ingresos, al facilitar la desocupación de su vivienda calificada en riesgo, afectada por alguna contingencia mayor, desocupada para la ejecución de obra pública, o personas sin los recursos económicos suficientes o en situación de calle.

Con base en el presupuesto asignado al Instituto, el cual es de 71 millones 760 mil pesos, se tiene programado atender a dos mil 315 personas. El apoyo consiste en la entrega de hasta cuatro mil pesos de manera mensual por un número máximo de 12 ayudas durante el año.

Cabe mencionar que del total de Ayudas de Beneficio Social (ABS) otorgadas durante 2021, más del 60% fueron destinadas a mujeres y 40% a hombres; las edades con mayor número de personas beneficiarias son de los 38 hasta 66 años. También se dio a conocer que las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo tienen casi el 60% de las personas del programa.

Persiste la informalidad de vivienda en renta en México

La informalidad es otro de los obstáculos en el mercado de vivienda en renta. HIC-AL halló que, si bien en 2020 el 66% de las personas contaban con un contrato escrito, este porcentaje se redujo a 46% en el siguiente año. Además, 15% de las personas fueron desalojadas, principalmente por los propietarios de sus antiguas moradas, en algunos casos con uso de violencia.

Maria Silvia Emanuelli, coordinadora de HIC-AL; Antonio Azuela de la Cueva y Sandra Carmen Murillo López, miembros de la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión del IIS-UNAM, externaron tres ejes principales para revertir las complejas problemáticas reflejadas. En primer lugar, sugirieron que el régimen inquilinario debe ocupar un lugar central en las políticas de atención y en la reconstrucción post Covid-19.

Seguido de legislar en materia inmobiliaria desde una perspectiva de derechos humanos, equilibrando la relación entre propietarios e inquilinos. Y, por último, que el Estado regule los precios de renta de acuerdo a los salarios percibidos por los habitantes de la ciudad, ofrezca apoyos específicos para las personas arrendatarias en dificultad y amplíe las alternativas a grupos vulnerables que sean desalojados.

“Es necesario regular el mercado de renta de vivienda en México, dado que en algunas entidades llega a ser más costoso alquilar que pagar una hipoteca”, indicó Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Durante la presentación de la ENVI 2020, junto al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), agregó que si bien en otros países se han implementado políticas públicas específicas sobre arrendamiento, en México es primordial dar un primer paso hacia la formalidad.

Tan solo en la zona metropolitana de la CDMX, el segmento en renta asciende a 24 mil 029 millones de pesos mensuales, de los cuales el 45% corresponde al mercado patrimonial, el 47% al mercado informal y solo el 8% a la renta institucional.

Este último es el principal tipo de inmuebles al que Fibra Haus, un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, se enfocará una vez que realice su debut en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a principios de este 2022. El target de levantamiento de capital inicial es de dos mil 500 millones de pesos.

“Es un activo con 10 años de existencia en México. Cuenta con alrededor de cinco mil unidades operadas institucionalmente en todo el país y cerca de siete mil 500 en etapa de desarrollo, actualmente. Lo cual nos da una perspectiva hacia mediados del 2024 de un valor de 43 mil millones de pesos en todo México”, indicó Eduardo González, director general de Fibra Haus.

Cabe aclarar que, estas cifras sólo contemplan los activos en renta institucional; sin embargo, el potencial es aún mayor pues, como se ha visto, es un mercado poco penetrado de forma profesional.

Bajo esta estrategia, el Fibra planea desarrollar mil 500 unidades; desde la adquisición de terrenos, asociación con desarrolladores y planeación. Los primeros proyectos se encontrarán en CDMX y Querétaro. Para lo que ya se tienen negociaciones firmadas con las contrapartes de dos propiedades. Mientras que Guadalajara, Monterrey y Tijuana son entidades que se mantienen en etapa de desarrollo de negocio y análisis de inmuebles.

Por Samanta Escobar

Este es un fragmento del artículo Despunta el mercado de vivienda en renta tras la pandemia de la edición 130 https://inmobiliare.com/inmobiliare-130/